La Justicia de los Estados Unidos comenzará a definir a partir de esta semana y con una serie de audiencias, el futuro de la polémica ley de Arizona que endurece la situación de los inmigrantes ilegales. La jueza distrital de los Estados Unidos Susan Bolton será quien lleve adelante esta semana las audiencias sobre los siete juicios interpuestos para frenar la implementación de la ley fijada para el 29 de julio. Entre las audiencias está incluida la demanda realizada por el Gobierno Federal y por organizaciones de derechos civiles que buscan bloquear su efectivización.
El día clave será el próximo jueves cuando se defina la demanda realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que sostuvo que al sancionar la ley el estado de Arizona «cruzó el límite de lo constitucional».
La ley «interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración», precisó el organismo judicial estadounidense.
El próximo jueves se definirá además la demanda realizada por un grupo de organizaciones civiles que se oponen a la legislación denominada SB 1070, principalmente por su carácter discriminatorio.
La calificación de «discriminatorio» es porque la ley permite clasificar físicamente a los inmigrantes ilegales y llevarlos detenidos en caso de no llevar consigo documentación que acredite su estancia legal en el país.
Este aspecto de la norma generó también el apoyo de otras naciones latinoamericanas que expresaron su rechazo a la Corte de Arizona a través del recurso de un «amicus curiae» o «amigos de la corte».
Con el liderazgo de Argentina y de Ecuador, tanto Bolivia como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú se unieron a la figura de «amigos de la corte» presentada inicialmente por México.
Para el vocero de la Embajada de México en los Estados Unidos, Ricardo Alday, la situación tal como está planteada «tiene todos los elementos para hacer un caso en la Corte Suprema de Justicia».
El primer paso, sin embargo, serán los resultados de las audiencias de esta semana cuando la jueza falle inicialmente «para ver si procede la demanda del gobierno de los Estados Unidos», según explicó el funcionario a Télam.
Si el veredicto es negativo y la ley «entra en vigor», el escenario será aún más complicado ya que «es probable que haya otros estados que quieran moverse en esa dirección», advirtió el portavoz mexicano.
Alday estimó que ese número podría alcanzar en un inicio a 14 ó 15 estados que ya expresaron su «intención» de hacerlo.
Esto significaría, a su vez, que las demandas y los esfuerzos por bloquear la legislación podrían llevar meses e incluso años y consecuentemente, un precio político alto para los demócratas que en noviembre enfrentan elecciones de medio término con otros temas como la economía y el desempleo sobre la mesa de juego.
La efectivización de la ley de Arizona y la promesa de la reforma migratoria, no tardará entonces en ser otro factor del cual los republicanos buscarán sacar provecho.
Según Alday, si la Corte decide bloquear la SB 1070, «es ineludible que el tema este presente en la campaña» y que sea «muy probablemente uno de los tres más debatidos».
Para los demócratas, y especialmente para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, perder el apoyo en noviembre será un riesgo que no sólo podría costarle varios asientos en el Congreso, sino un precio más alto con miras a las elecciones residenciales
de 2012.