El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la ley de Autonomías y Descentralización, que es la quinta de las cinco normas fundamentales que serán los pilares del nuevo Estado que impulsa en su país. El gobernante izquierdista e indigenista firmó la norma en un acto en el Palacio de Gobierno ante diversas autoridades y grupos seguidores, y en ausencia de opositores que han criticado la ley de Autonomías y las otras cuatro aprobadas en las últimas semanas.
Antes de la ley de Autonomías, Morales promulgó las del Órgano Electoral, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial para permitir la aplicación de la Constitución que está vigente desde 2009.
Las normas «fundamentales» o «estructurales» constituyen la «nueva arquitectura» del Estado Plurinacional, nombre que adoptó Bolivia en la Constitución, destacaron hoy legisladores y ministros.
Morales dijo en su discurso que esta era una «fecha histórica e inédita» porque Bolivia avanza en «profundas transformaciones» que se llevan adelante de manera democrática.
Subrayó que el «proceso de cambio» que conduce «es imparable, es un camino sin retorno» y aseguró que «el nuevo milenio no puede ser para jerarcas ni para las oligarquías», sino para «los pueblos de Bolivia y el mundo entero».
En alusión a los opositores que critican las normas porque temen que el poder de Morales se amplíe al órgano Judicial y al Electoral, el mandatario dijo que tienen derecho a oponerse, pero los tildó de «retrógrados, conservadores y simples reformistas».
En las últimas semanas diversas críticas sobre las cinco normas han provenido de la oposición afincada en las regiones de Santa Cruz, Tarija y Beni, también de dirigentes cívicos de Potosí y de grupos de indígenas amazónicos, entre otros.
Una de las polémicas está centrada en el hecho de que la nueva ley de Autonomías permite que las asambleas regionales suspendan a los gobernadores de sus cargos si son acusados judicialmente por presuntos delitos.
Para la oposición, esta disposición permitirá al partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), con la supuesta ayuda de fiscales y jueces, perseguir a opositores y copar cargos que no pudo ganar en las urnas en las elecciones regionales de abril pasado.
Morales insistió en que rechazar esa disposición equivale a «admitir» que los opositores «van a robar o han robado» al Estado.
Si bien el gobernante dijo que la aprobación de este tema fue el único disenso con los opositores en la nueva ley de Autonomías, la gobernación de la rica región de Santa Cruz, al mando del opositor Rubén Costas, señaló hoy que tiene «80 observaciones a la norma».
Costas criticó «la imposición del partido de Gobierno» en la aprobación de la ley autonómica y dijo que «las autonomías son imparables» y «el rodillo» del oficialismo «no durará para siempre».
El senador Germán Antelo anunció una demanda de inconstitucionalidad contra artículos de la norma porque, a su juicio, «da luz verde a la persecución política, da nuevas competencias a las regiones, pero sin recursos, y no se reconoce los estatutos autonómicos» de esa región, de Beni, Pando y Tarija, aprobados en 2008 con el impulso de opositores.
El ministro boliviano de Autonomías, Carlos Romero, replicó que no hay razón para las protestas porque, en su opinión, la normativa cumple con las expectativas de desarrollo autonómico de las regiones.
Señaló que las nueve regiones tenían en noviembre del año pasado unos mil millones de dólares sin invertir y que a mayo pasado la cifra bajó a 700 millones de dólares, de tal forma que sí existirían fondos para las nuevas competencias.
También sostuvo que la Constitución establece que antes de que los estatutos mencionados entren en vigor deben ser revisados y sometidos a un control del Tribunal Constitucional.
La norma de Autonomías también fue cuestionada hoy en la ciudad andina de Potosí, donde se hizo un paro ciudadano con el argumento de que creará problemas de límites.
Autoridades del Gobierno negocian además con grupos indígenas de la Amazonía la suspensión de una marcha que realizan hacia La Paz desde el pasado 21 de junio con el argumento de que no fueron atendidas todas sus demandas autonómicas y su petición de tierras.
De las otras normas, la oposición también ha criticado el hecho de que se haya consagrado la justicia indígena en la misma equivalencia que la justicia ordinaria, sin que se haya aprobado antes normas sobre el límite de las competencias jurisdiccionales.