El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar, ha afirmado que está de acuerdo en que el Gobierno de Juan Manuel Santos no quiera dialogar con las bandas criminales –conocidas como bacrim– pero ha advertido de que esta postura no impide que la Iglesia sirva de mediadora en un eventual proceso de negociación con los delincuentes.
«Pienso que esto hay que apoyarlo, hay que crear un ambiente propicio para que todas las bandas emergentes encuentren la posibilidad de acercarse al Gobierno y de someterse a la justicia en las mejores condiciones», ha expresado.
Para monseñor Salazar, Colombia está viviendo actualmente un momento de violencia en el que todos los ciudadanos deben contribuir con la seguridad del país.
«Creo que si en los barrios, en los pueblos, en las ciudades todos estamos más atentos en lo que pasa, si prevenimos la posibilidad de que se presenten más crímenes podríamos ayudar a que el ambiente mejore», ha asegurado.
El Gobierno de Santos ha reconocido que las bandas criminales se han convertido en la principal «amenaza» a la seguridad de Colombia, por encima de los grupos guerrilleros que protagonizaron por décadas uno de los peores conflictos armados del continente.
Las bacrim han sido consideradas como las sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo del que se desmovilizaron unos 32.000 paramilitares de extrema derecha en el marco de un proceso de paz que tuvo lugar entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Las bacrim son las responsables de 14 de las 20 masacres que se registraron en Colombia durante 2010 y mantienen una fuerte actividad 152 municipios.