El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su gobierno formará parte del proceso judicial que investiga la muerte en 1982 del ex mandatario Eduardo Frei Montalva con la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables del caso.
«De esta forma, nuestro gobierno busca colaborar para que la muerte de un presidente no siga en las sombras y, de una vez por todas, sus circunstancias y sus responsables sean esclarecidos», dijo Piñera en una declaración reproducida por el sitio web de la Presidencia chilena y por las agencias de noticias ANSA y DPA.
El mandatario señaló además que la medida adoptada por el gobierno y que será presentada por el Ministerio del Interior «importa e interesa a la familia Frei, pero también a todo el país, que quiere que la muerte de un presidente no siga más estando entre las sombras de la duda y la incertidumbre».
El anuncio se produjo un día después de que el sitio Wikileaks revelara un cable de la Embajada de Estados Unidos en Santiago fechado el 11 de diciembre de 2009, en el que el entonces embajador, Paul Simons, sostiene que nunca se sabrá si Frei Montalva fue asesinado o no.
«Dado el larguísimo tiempo que ha transcurrido desde la muerte de Frei y la destrucción de algunos órganos claves, la ciencia forense no puede demostrar una evidencia de que Frei fue asesinado», señala la nota de Simons develada por Wikileaks y reproducidas por el diario español El País, entre otros medios.
Simons agregaba entonces que «la trágica historia reciente de Chile continúa dividiendo a su gente y la muerte de este emblemático presidente parece destinada a ser un área más en la que la verdad completa nunca será conocida».
La muerte de Frei en una clínica de Santiago, aparentemente por envenenamiento, está siendo indagada por el juez Alejandro Madrid, quien cuatro días antes de la nota que escribió Simons ordenó el procesamiento de seis presuntos responsables y encubridores del caso.
Ese día, Madrid dio a conocer una resolución en la que dio por seguro que la muerte de Frei «fue ocasionada por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales» en su cuerpo, después de que el exmandatario fuera operado de una hernia.
El propio magistrado, cuyo dictamen provocó entonces reacciones en todo el espectro político chileno, aseguró que ese crimen era «sin duda» el primer magnicidio de la historia del país, lo que, a su juicio, debía llamar «a la reflexión a toda la sociedad».
Madrid ordenó el procesamiento como presuntos autores del homicidio de Raúl Lillo, quien fue represor durante la última dictadura; Luis Becerra, que fue chofer de Frei, y Patricio Silva y Pedro Valdivia, médicos y ex funcionarios del Ejército y la Policía, respectivamente.
Además fueron sometidos a proceso los también médicos Helmar Rosenberg y Sergio González, señalados como supuestos encubridores del crimen que, según se sospecha, fue ideado por los aparatos represivos del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Todavía candidato a la primera magistratura -en competencia con el hijo de Frei Montalva, el democristiano candidato de la Concertación, Eduardo Frei-, Piñera se solidarizó entonces con la familia y consideró que «la muerte aún no esclarecida del expresidente es una herida abierta en el alma nacional».
Frei Montalva, un carismático presidente que gobernó entre 1964 y 1970, murió el 22 de enero de 1982, a los 71 años, tras haber sido operado de una hernia de hiato, debido a una infección provocada con gas mostaza y talio, según los indicios judiciales.
Tras años de silencio y sospechas, la familia Frei empezó a sostener abiertamente en 2001 que la muerte del expresidente había sido provocada.
En 2006, el cuerpo de Frei Montalva fue exhumado para corrobar la tesis del asesinato, lo que no fue posible. No obstante, ese mismo año uno de los médicos que operó a Frei reconoció que la muerte del exmandatario se debió a un agente químico.
En un segundo examen, peritos chilenos detectaron compuestos externos venenosos en los restos del ex mandatario.
Se sospecha que en la operación para matar a Frei participó el químico Eugenio Berríos, un ex agente de la policía secreta de Pinochet.
A inicios de la democracia, en 1991, Berríos fue sacado en secreto de Chile por agentes del Ejército, con destino a la Argentina primero y después Uruguay, donde fue asesinado supuestamente por militares uruguayos.
El 30 de mayo de 2010, un informe policial concluyó que en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica de Chile no había más muestras biológicas de Frei Montalva.
En esa casa de estudios se había hallado, después de 20 años, el informe de la autopsia que se realizó -sin autorización de la familia- al exmandatario tras su deceso, realizado por dos de los médicos procesados por Madrid.