Gustavo Centofanti, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación de Gabinete, precisó que el financiamiento de las casas depende de Planificación Federal y que la construcción de las casas del programa «Sueños Compartidos» está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En tanto el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le solicitó a los gobiernos de las provincias de Misiones, Chaco y Santiago del Estero y a cinco municipios, los contratos y antecedentes que firmaron con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
Aseguró que los controles son estrictos mes a mes. Misiones firmó el convenio en 2009 con una inversión de 46 millones de pesos, por la construcción de 500 casas en el barrio San Isidro en un predio de 30 hectáreas. Actualmente hay 156 en ejecución de las cuales, 50 están terminadas. El programa emplea a 140 misioneros, precisó el funcionario provincial.
Centofanti pidió que el caso Schoklender no frene el programa porque está destinado a personas que necesitan las viviendas.
«Nosotros no tenemos nada que esconder, acá los controles siempre fueron estrictos. Ojalá que la justicia resuelva esto pero que no se afecte el espíritu del programa», indicó.
El pedido fue realizado en la causa donde se investiga si hubo administración fraudulenta de los fondos otorgados por el Estado Nacional a provincias y municipios en el marco del Plan Federal de Viviendas con la Fundación, informaron fuentes judiciales.
Estas provincias y municipios son los que surgen en la denuncia que presentó un abogado, y que dio inicio a la causa, para que sean investigados junto a la Fundación por la construcción de viviendas.
Además, el juez requirió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) todos los informes que tengan de controles y auditorías sobre los contratos realizados por Madres con las provincias y los municipios.
Por ese motivo, libró informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Banco Central para conocer los antecedentes del programa Sueños Compartidos. También pidió copia del expediente que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide, que investiga a los hermanos Schoklender.
En los oficios, el magistrado pidió a cada una de las administraciones municipales o provinciales las copias de los contratos que se labraron con la fundación, ya que lo que se investiga es si cada vivienda realizada cumple con las características, el número y el valor de las mismas.
El juez solicitó, además, informes a la IGJ de los antecedentes que hubiese de Sueños Compartidos, y también a la SIGEN y la AGN sobre auditorías y controles sobre la realización de viviendas producto de esos contratos.
Las fuentes revelaron que Martínez de Giorgi intenta verificar los hechos que investiga su colega, ante un posible planteo de incompetencia. Por ahora, Oyarbide investiga a los Schoklender y Martínez de Giorgi, a los presuntos funcionarios involucrados.
En otra de las medidas, Martínez de Giorgi solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) si existe en el sistema financiero cuentas bancarias a nombre de «Misión Sueños Compartidos», y así poder seguir los eventuales movimientos de dinero.
La denuncia había sido formulada por el abogado Jorge Vitale por la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas contra diferentes funcionarios nacionales y contra la presidente de Madres, Hebe de Bonafini.
