Sin embargo, el pacto llega con condiciones estrictas: la provincia de Misiones debe comprometerse a frenar cualquier acción legal contra el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei mientras se auditan los números, en un escenario donde el retraso de fondos nacionales ha puesto al sistema jubilatorio provincial contra las cuerdas.
La deuda acumulada que la Nación arrastra con Misiones es una herida abierta en las cuentas públicas que se remonta a 2018 y que ha escalado a niveles alarmantes. Según informes oficiales, el monto adeudado hacia finales de 2024 ascendía a los 300.000 millones de pesos, correspondientes a los déficits no cubiertos entre 2019 y 2024. Al haber conservado su propia caja jubilatoria en la década de los 90, Misiones tiene el derecho legal a recibir compensaciones del sistema nacional, pero el incumplimiento sistemático de los pactos fiscales ha obligado a la provincia a sostener el pago de jubilaciones y pensiones con recursos propios, restando margen de maniobra para otras áreas críticas en plena crisis económica.
El convenio establece una «mesa de trabajo» para realizar una revisión técnica de los montos, un paso que para muchos representa una dilación frente a la urgencia del hambre fiscal que padecen las jurisdicciones. Misiones ha venido insistiendo en la verificación de datos previsionales para sustentar un reclamo que, hasta hace pocos meses, amenazaba con terminar en la Corte Suprema de Justicia. Al aceptar este esquema de «compensación progresiva», la provincia posterga la vía judicial a cambio de una promesa de normalización gradual, mientras la administración de Milei mantiene un control férreo sobre las transferencias a las cajas no transferidas, utilizando la deuda como una herramienta de disciplina política.
Para el gobierno de Passalacqua, la normalización de estos flujos es vital para la sostenibilidad del IPS y el equilibrio del presupuesto público. El financiamiento del sistema previsional es uno de los compromisos estructurales más pesados y, sin el envío de los fondos que corresponden por ley, la presión sobre el erario provincial se vuelve insoportable. Aunque el gobernador calificó el acuerdo como un «buen paso», la realidad indica que la provincia está canjeando su derecho a litigar por la esperanza de que la Nación finalmente cumpla con los pagos que adeuda desde hace años y que se han licuado bajo la inflación galopante.
Este acercamiento ocurre en un clima de extrema tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores por el recorte de fondos coparticipables y subsidios. Al señalar que la deuda se arrastra desde 2018, Misiones deja en claro que el problema es estructural, pero que se ha agravado bajo la gestión ultraderechista que prioriza el superávit fiscal nacional a costa del desfinanciamiento de las cajas jubilatorias del interior. El éxito de este convenio dependerá de si la «revisión técnica» se traduce en depósitos reales o si queda atrapada en la burocracia centralista mientras los jubilados misioneros quedan rehenes de la puja política entre Posadas y Buenos Aires.