A través de recategorizaciones de oficio basadas en cruces de datos de billeteras virtuales, el organismo recaudador inició un proceso que muchos especialistas interpretan como una invitación forzosa a abandonar el régimen simplificado para pasar al régimen general, mucho más costoso y burocrático.
La medida, que se hizo efectiva este 26 de febrero de 2026, utiliza un sistema de monitoreo inteligente que rastrea cada movimiento en cuentas digitales y pagos con QR. El conflicto estalló cuando miles de usuarios denunciaron que el algoritmo de ARCA no distingue entre una venta comercial y una transferencia personal, como un préstamo entre familiares o la división de un gasto común. Aunque desde el Gobierno niegan que se fiscalicen transferencias personales, la realidad en los domicilios fiscales electrónicos de los contribuyentes dice lo contrario: notificaciones automáticas que informan cambios de categoría basados exclusivamente en el flujo de caja detectado por las plataformas de pago.
Este endurecimiento fiscal ocurre en un contexto de extrema fragilidad para el trabajador independiente, quien ya viene golpeado por la caída del consumo interno que reportaron las cámaras industriales a principios de año. La lógica del gobierno ultraderechista parece ser clara: ampliar la base de recaudación a cualquier costo, incluso si eso significa empujar a la informalidad a miles de cuentapropistas que no pueden afrontar las nuevas escalas. Como señala el tributarista César Litvin, la sensación generalizada en el sector es que la política oficial busca reducir drásticamente el número de beneficiarios del Monotributo para engrosar las filas de los Responsables Inscriptos.
Para los afectados, el camino hacia la defensa es un laberinto administrativo. Los contribuyentes tienen apenas 15 días hábiles para presentar un descargo digital y demostrar que sus ingresos bancarizados no son producto de su actividad económica. Sin embargo, la carga de la prueba recae totalmente sobre el ciudadano, quien debe presentar documentación respaldatoria ante un sistema que presume la «ganancia» ante cualquier acreditación de dinero. Esta presunción de culpabilidad fiscal se suma al malestar de una sociedad que ve cómo los sectores más vulnerables y la clase trabajadora autónoma siguen sosteniendo el peso de un ajuste que no da tregua.
En definitiva, la recategorización de oficio no es solo un trámite técnico, sino una decisión política que profundiza la pérdida de ingresos de los sectores medios. Con la industria en retroceso y el consumo estancado, el cerco sobre el Monotributo aparece como el último eslabón de un plan económico que ha priorizado el equilibrio de las cuentas públicas por encima de la sostenibilidad social. Si la tendencia continúa, el 2026 podría consolidarse como el año en que el «ajuste» terminó por asfixiar a los últimos motores de la economía independiente en Argentina.