Según datos oficiales al 22 de febrero, los giros por este concepto han sido nulos, confirmando que el auxilio financiero discrecional se ha convertido en una herramienta de disciplinamiento político más que en un recurso de asistencia institucional.
Esta sequía de recursos no es un fenómeno nuevo, sino la profundización de una estrategia que ya dio frutos contables durante el ejercicio 2025. El año pasado, la gestión de Milei retuvo la cifra récord de $740.536 millones, distribuyendo apenas el 21,9% del fondo total de ATN disponible. Mientras el Ministerio de Economía utiliza estos excedentes para apuntalar el superávit financiero que presenta como bandera de gestión, las provincias ven cómo fondos que por ley deberían atender desequilibrios financieros quedan congelados en las arcas del Tesoro Nacional, lejos de las necesidades territoriales.
La discrecionalidad en el reparto ha sido la marca registrada del gobierno ultraderechista, utilizando los fondos como moneda de cambio en el Congreso. Durante 2025, el flujo de dinero solo se activó con fuerza en diciembre, cuando el Ejecutivo transfirió un tercio del total anual en apenas dos semanas para aceitar las negociaciones del Presupuesto 2026. Este esquema de «premio y castigo» benefició a gobernadores aliados, como el caso de Tucumán, que lideró el reparto con $35.000 millones, mientras que distritos opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego terminaron el año con sus cuentas en cero.
El inicio de 2026 muestra un panorama aún más desolador para el federalismo fiscal, con una ejecución que apenas alcanzó el 7,6% en enero, incluso por debajo del magro desempeño del año anterior. En lo que va del bimestre, solo Chubut y Corrientes lograron captar fondos mínimos, dejando al resto de las jurisdicciones en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta subejecución deliberada funciona como una de las «anclas» principales del programa económico, pero a costa de degradar la capacidad de respuesta de las provincias ante crisis sanitarias, climáticas o sociales.
Al comparar con registros históricos, la brecha es alarmante: mientras que en 2023 se distribuía casi el 78% del fondo de ATN, la era Milei ha desplomado esa cifra a niveles marginales. La consolidación del superávit nacional parece tener un reverso oscuro en el endeudamiento y la parálisis de las economías regionales. Sin una ley de coparticipación que se respete y con los ATN convertidos en un botín de guerra política, el equilibrio fiscal del Gobierno central se sostiene sobre un desequilibrio territorial que amenaza con fracturar la relación con los gobernadores en el corto plazo.