Ahora la mirada está puesta en el inminente veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a que los diputados nacionales lo rechacen. Los legisladores oficialistas y opositores de Misiones se ausentaron en esa votación. En tanto los senadores oficialistas de la provincia dieron su voto positivo.
«No dejamos de pagar impuestos nacionales, todos pagamos IVA hasta en el kilo de arroz que compra la persona que está en situación de calle. Esa contraprestación debería volver a la provincia”, sostuvo la titular de COPRODIS, reflejando la tensión entre la gestión provincial y las políticas del gobierno de Javier Milei.
Un COPRODIS activo frente a la demanda creciente
El Consejo Provincial de Discapacidad, creado por la Ley Provincial N°115, funciona como un espacio de articulación, promoción de derechos y ejecución de programas vinculados al sector. «Es un espacio de trabajo donde participan organismos de los tres poderes del Estado y también ONGs. Desde ahí impulsamos políticas públicas, como programas específicos de atención a personas con discapacidad”, explicó Antúnez.
Con sede en la Vicegobernación y horarios de atención recientemente ampliados para incluir un turno vespertino y servicio de intérprete en lengua de señas, COPRODIS trabaja en red con ministerios provinciales, áreas sociales municipales y ONGs. «Muchas veces ellos nos derivan consultas o nosotros a ellos cuando no podemos llegar con el equipo. También articulamos con ONGs y abrimos mesas de trabajo específicas cuando se presentan casos complejos”, detalló Antúnez, poniendo como ejemplo el reciente trabajo con el Comité de la Cultura Sorda.
Ley de Emergencia en Discapacidad: Sancionada pero bajo amenaza de veto presidencial
La licenciada Antúnez enumeró los múltiples «retrocesos» desde el inicio del actual gobierno nacional, especialmente en el sistema de pensiones. «Se aplican auditorías irregulares. Asignan turnos sin notificación previa, en direcciones inexistentes o sin considerar accesos digitales y eso deja afuera a muchas personas”, denunció, mencionando casos específicos de intervención en San Ignacio o 25 de Mayo para corregir errores graves.
En este contexto, la presidente de COPRODIS celebró la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya sancionada por ambas cámaras del Congreso (Cámara de Diputados y Senado). Esta ley «es clave porque crea una pensión no contributiva específica para personas con discapacidad, ya no atada a la invalidez laboral. Muchos tienen formación universitaria y capacidad laboral, pero el mercado no los incluye. Esta ley es una herramienta para garantizar derechos”.
Sin embargo, el destino de esta ley pende de un hilo. El presidente Javier Milei ha expresado públicamente su intención de vetarla, argumentando que su implementación comprometería el superávit fiscal. Ante esta amenaza, la preocupación en el sector es palpable, pues un veto presidencial implicaría un revés para los derechos que la ley busca garantizar. En caso de concretarse, la ley volvería al Congreso, donde requeriría dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir en su promulgación.
Antúnez también subrayó la preocupación por la demora en pagos a prestadores y la entrega de medicamentos de alto costo a nivel nacional. “Tuvimos casos de seis meses de espera. Una persona con esclerosis no puede esperar. Estamos hablando de tratamientos que valen entre 5 y 35 millones de pesos, son vidas en juego”, advirtió. La falta de presupuesto en la Agencia Nacional de Discapacidad, la desactualización de aranceles y el desfinanciamiento de programas son, según Antúnez, factores que ponen en riesgo derechos ya garantizados por ley y por la Convención Internacional.
Misiones sostiene la inversión pese al ajuste
Frente a este escenario nacional, Antúnez destacó la inversión sostenida de Misiones en la temática, incluso en un contexto de ajuste. “Hay nuevos equipos para pacientes oncológicos. El Hospital Madariaga sigue siendo elegido por su calidad. La Salud Pública está desbordada, sí, pero responde. No es lo mismo atender a 100 que a 2.000 personas con el mismo personal. Aun así, se sostiene”.
Finalmente, la funcionaria provincial insistió en la necesidad de un compromiso federal. “La Nación lo que hace con estas políticas es delegar toda la responsabilidad en las provincias, y las provincias, la realidad es que tenemos presupuestos acotados… Nación tiene una obligación para con las personas con discapacidad, tiene una obligación para con cada ciudadano”, sentenció, marcando la firme postura de Misiones ante la gestión de los derechos de las personas con discapacidad y el desafío que implica la posible acción del Poder Ejecutivo.