En un movimiento que prioriza la ideología libertaria por encima de la seguridad ciudadana, el Gobierno Nacional ha oficializado una serie de requisitos que flexibilizan peligrosamente la tenencia de armas semiautomáticas, con capacidad de cargadores de quita y pon, incluyendo fusiles, carabinas o subametralladoras símil asalto de calibre superior al .22 LR.
La medida se concretó a través de la Resolución 37/2025 del renovado Registro Nacional de Armas (RENAR), que reglamenta el polémico Decreto 397/25, el cual había eliminado la prohibición que pesaba sobre estos materiales de guerra.
El Riesgo de la Desregulación en un Contexto de Tensión Social
La desregulación de armas semiautomáticas llega en un momento de creciente polarización y agresividad verbal, elementos que el propio presidente Javier Milei ha exacerbado bajo su autodenominada «batalla cultural».
Esta apertura legal ha provocado una profunda preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre un potencial efecto de imitación de la crisis de violencia armada que azota a países como Estados Unidos.
La medida evoca inmediatamente la crudeza del documental «Bowling for Columbine», de Michael Moore, que exploró cómo la cultura del miedo, la violencia endémica y la facilidad de acceso a armamento militarizado se conjugan en tragedias masivas. La pregunta resuena con escalofrío en Argentina: ¿Estamos abriendo la puerta a los mismos problemas sociales que la retórica libertaria promete combatir?
Requisitos Burocráticos que Ocultan una Amenaza
Aunque la resolución establece una serie de requisitos que buscan dar un barniz de control a la medida, la esencia es una desregulación efectiva de un tipo de armamento diseñado para el combate.
Los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional deberán cumplir con exigencias administrativas y de antigüedad, incluyendo:
Antigüedad Mínima: Cinco años como legítimo usuario.
Sector de Guarda: Contar con un sector de guarda tipo G2 (medidas de seguridad específicas).
Acreditación Cuestionable: Deben acreditar «probados usos deportivos», lo que se cumple con una certificación de una Entidad de Tiro que avale al solicitante como «tirador asiduo» o probando representación en certámenes.
Esta última exigencia, la de los «usos deportivos», es vista como una burla al espíritu de control de armas, ya que disfraza la adquisición de fusiles símil asalto —armas de alta cadencia de fuego y cargadores extendidos— bajo la excusa de la actividad lúdica.
Un Paso Atrás para la Paz Social
El costo del trámite, equivalente a una «Tenencia Express» y una «Tarjeta de Consumo de Municiones», parece irrisorio comparado con el riesgo social que implica esta apertura.
Al derogar las disposiciones anteriores que regulaban estrictamente la materia, el Gobierno libertario no solo facilita la posesión de armamento de guerra, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la adquisición de este tipo de material es una meta deseable para el «legítimo usuario».
La preocupación es que esta política, impulsada desde una visión ideológica que glorifica la autodefensa sin matices, podría ser el detonante de una escalada de violencia y tragedias que la sociedad argentina ha logrado evitar históricamente. La decisión del ultraderechista Milei implica un retroceso dramático en materia de seguridad, acercando a la Argentina a una realidad de violencia armada que parecía lejana.