La recesión económica y la política de apertura irrestricta a las importaciones promovida por el gobierno del ultraderechista Javier Milei han golpeado de lleno a la industria nacional de electrodomésticos. El resultado inmediato es una alarma social: más de 600 trabajadores se encuentran directamente afectados en dos de las principales plantas del país, Electrolux y Mabe, que operan con sus capacidades reducidas a la mitad.
El panorama evidencia la dura realidad que atraviesan empresas argentinas, muchas de ellas de larga trayectoria familiar, que luchan por mantener sus cadenas de valor y el empleo ante un mercado interno paralizado y la entrada masiva de productos extranjeros a precios imbatibles.
Suspensiones en Electrolux y el Fantasma del Despido
En la ciudad de Rosario, la multinacional Electrolux ha prorrogado el régimen de suspensiones rotativas para 400 operarios hasta fin de año, tras un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La planta funciona a mínima capacidad debido a la fuerte caída de las ventas.
El esquema de suspensiones, que implica una reducción de haberes para los trabajadores, es un intento desesperado por evitar despidos directos. Según fuentes sindicales, esta medida subraya la profunda inestabilidad ocupacional que la crisis económica ha impuesto sobre cientos de familias.
Mabe: Cierre de Plantas y Reorganización Agresiva en Córdoba
El escenario en Córdoba es aún más drástico y toca de cerca la historia de la producción nacional. La firma Mabe anunció una reorganización de operaciones que afecta directamente a más de 200 trabajadores.
En su afán por «optimizar la eficiencia» y «reforzar la competitividad ante un mercado abierto a las importaciones», la empresa ha optado por consolidar la producción en su planta de Luque, mientras la histórica fábrica de Río Segundo será reconvertida en un centro de distribución.
El gerente de Relaciones Institucionales de Mabe, Alejandro Iglesias, fue claro: la decisión se tomó porque las plantas están operando a un bajo nivel de producción (al 50% de utilización) y «conviene concentrar todo en una».
A pesar de ofrecer el traslado a la planta de Luque (a 60 kilómetros de distancia) o acuerdos de retiro voluntario con el 110% de la indemnización, la medida implica la fractura de la rutina laboral y la incertidumbre para los 250 empleados de Río Segundo. La planta de heladeras en San Luis, donde trabajan 300 personas, también opera al 60% de su capacidad.
La Importación Libertaria como Sello de Sentencia
Más allá de estos casos puntuales, el informe revela una situación crítica general: todas las empresas del sector trabajan entre el 50% y el 60% de sus capacidades instaladas.
La competencia de la importación es señalada por los empresarios como el factor determinante, forzándolos a reducir costos drásticamente para acercarse a los valores de los productos extranjeros. Si bien algunas firmas optan por complementar su producción con importaciones para ampliar la gama, el verdadero objetivo, especialmente de las empresas nacionales y familiares como Longvie, Autosal, Briket o Bambi, es «continuar produciendo en el país y no afectar el empleo».
Esta crisis, que obliga a fábricas con décadas de historia a tambalear, pone en evidencia el costo social de un modelo económico que, según los críticos, favorece la especulación financiera y la importación en detrimento de la producción local y el empleo de calidad.