El video en cuestión muestra a Cúneo Libarona ofreciendo a Ballard su «influencia directa» en otros poderes del Estado, incluyendo reuniones con jueces y acceso a los medios de comunicación, con el objetivo de «mejorar su imagen».
Esta oferta, que roza peligrosamente la instrumentalización de la justicia y los medios para fines personales de un acusado, ha generado un inmediato rechazo en la oposición y en parte de la opinión pública.
Sin embargo, desde el Ejecutivo, la postura es de férrea defensa. Una fuente de Casa Rosada, citada por la agencia Noticias Argentinas, reveló que el abogado «permanecerá -por ahora- en su cargo», argumentando que el intercambio se dio en el marco de «una reunión oficial» y calificando la difusión de «tergiversación» por parte de periodistas.
Esta narrativa oficial busca deslegitimar la denuncia, pero ignora el fondo de lo ocurrido: el ofrecimiento de lobby y medios a una figura controvertida y acusada de graves delitos.
La continuidad de Cúneo Libarona no solo contradice el clamor público, sino que también revela una estrategia gubernamental de esperar a que la tormenta amaine. Se especula en los pasillos de Balcarce 50 que el nombre del ministro podría figurar en una lista de «reajustes» en el gabinete, pero solo después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Esto sugiere que, más allá de la ética o la transparencia, la prioridad es la estabilidad política y la gestión de la crisis a largo plazo, en lugar de una respuesta inmediata a las acusaciones.
Resulta aún más alarmante la ligereza con la que se aborda la figura de Tim Ballard. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había alertado al presidente ultraderechista Javier Milei sobre Ballard, destacando sus «23 causas por abuso» y su expulsión de organizaciones de lucha contra la trata.
No obstante, las filas libertarias han minimizado estas advertencias, e incluso el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se ha excusado diciendo no haber visto el video y descartando cualquier mala intención del ministro.
El «horror» del ofrecimiento de Cúneo Libarona, como admiten algunas voces libertarias, subraya una preocupante desconexión entre el accionar de un alto funcionario y los principios de independencia judicial y ética pública.
La decisión de mantener al Ministro de Justicia en su cargo, pese a ofrecer «lobby y medios» a un denunciado por abuso, envía un mensaje inquietante sobre las prioridades del Gobierno en materia de transparencia y justicia, especialmente cuando se trata de figuras cercanas al poder.
La polémica, lejos de disiparse, deja en evidencia la compleja trama de intereses que se tejen en las altas esferas, y la aparente inmunidad de ciertos funcionarios ante el escándalo.