El juez Humberto Otazú rechazó las nulidades presentadas por la defensa y, crucialmente, excluyó pruebas que los abogados de Kueider intentaron invalidar. Entre estas pruebas se encuentran los videos captados por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad y las filmaciones del procedimiento donde se descubrió el dinero. Estos registros, difundidos públicamente, mostraron la abultada suma de dinero en la mochila del ex legislador, desnudando la evidencia de su accionar ilícito.
Kueider y Guinsel, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario en Paraguay, fueron imputados por intentar ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar el pasado 4 de diciembre de 2024. Este es el delito de tentativa de contrabando por el que serán juzgados en territorio paraguayo. La defensa argumentó un criterio jurídico distinto sobre lo que constituye «bien» o «mercancía», pero el juez Otazú fue categórico al confirmar que esa discusión se dará durante el juicio.
Mientras tanto, en Argentina, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, insiste con el pedido de extradición de Kueider y Guinsel, imputándolos por lavado de activos. La Cámara de San Martín debe definir ahora si otorga la eximición de prisión al ex senador mientras se resuelve su posible traslado a Argentina.
En las últimas horas, Kueider y Guinsel rechazaron la «fórmula simple» de extradición, es decir, aceptar la solicitud y regresar, lo que implica que también habrá un juicio en Paraguay para decidir sobre este pedido. Como fianza en la causa de extradición, ambos depositaron 500 millones de guaraníes (equivalentes a unos 4 mil dólares) cada uno, a través de un inmueble. La justicia argentina tendrá ahora 45 días para remitir toda la documentación a su par paraguayo.
El camino legal de Edgardo Kueider se bifurca en dos frentes judiciales: el inminente juicio por contrabando en Paraguay y el proceso de extradición solicitado por Argentina por lavado de activos.
Ambos escenarios lo señalan como un actor de actividades delictivas y envían un claro mensaje sobre la persecución de la corrupción y el contrabando, un mensaje que resuena aún más fuerte ante las sospechas que lo vinculan con acuerdos con el oficialismo libertario en el Congreso por la controvertida Ley Bases, generando interrogantes sobre la posible existencia de favores políticos en medio de sus problemas judiciales.