El Conflicto por el Desalojo de los Clubes Náuticos de la Bahía El Brete
En octubre del año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) intimó a clubes náuticos (como el Río Paraná, Vayruzu, Liceo Naval) y un astillero a desalojar terrenos en El Brete antes de fin de año, argumentando que no había contratos definitivos.
Hubo gran rechazo de la comunidad náutica y familias, que veían amenazada su actividad y pertenencia. La EBY luego postergó la medida, prometiendo diálogo para buscar alternativas.
Existen sospechas que señalan un interés detrás del intento de desalojo que es la valorización de la zona para nuevos proyectos inmobiliarios.
Reordenamiento del Directorio y el Consejo
El decreto oficializa la aceptación de la renuncia del ingeniero civil Alfonso Peña, quien se desempeñaba como Director Ejecutivo desde 2024. No obstante, Peña continuará vinculado a la entidad, ya que ha sido nombrado Consejero para completar un mandato que vence en marzo de 2027. Por su parte, Adúriz deja su anterior puesto como Consejero para asumir la máxima responsabilidad ejecutiva en la parte argentina del ente.
Las modificaciones en la cúpula de la EBY incluyen otros movimientos administrativos:
Manuel Ignacio Chavarría Bertolami: Fue designado como nuevo Consejero con mandato hasta agosto de 2026.
José Antonio López: Se formalizó su renuncia al cargo de Consejero, con efecto retroactivo al 28 de febrero de 2025.
Marco legal y operatividad
La estructura de gobierno de la EBY se rige por el Tratado de Yacyretá de 1973, que estipula un Comité Ejecutivo compuesto por dos directores (uno por cada país) y un Consejo de Administración integrado por ocho consejeros. Esta renovación de autoridades argentinas contó con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y del servicio jurídico del Ministerio de Economía, asegurando la continuidad institucional en la gestión de los recursos del río Paraná.
Con esta designación, el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei busca consolidar la planificación energética de largo plazo y la administración de los recursos fiscales vinculados a la represa, en un contexto de ajustes y reorganización del Sector Público Nacional.