El polémico DNU 941/2025: ¿Qué establece?
El decreto firmado por el presidente ultraderechista Javier Milei redefine la estructura de inteligencia del Estado con cambios que han encendido las alarmas de organismos de derechos humanos y referentes del sector:
Detenciones sin orden judicial: Se otorga a los agentes de la SIDE la capacidad de privar de la libertad a ciudadanos en situaciones de «emergencia» o bajo criterios de inteligencia, eliminando el control preventivo del Poder Judicial.
Inteligencia como «actividad encubierta»: La norma utiliza terminología que, según Miguel Ángel Toma, no existe en la teoría ni en la práctica de la inteligencia moderna a nivel mundial. «Esa palabra conlleva el peligro de retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado», señaló el ex funcionario.
Unilateralidad: En lugar de buscar un consenso en el Congreso para actualizar la Ley de Inteligencia 25.520 (sancionada en 2001), el Ejecutivo optó por un decreto unilateral, eludiendo el debate legislativo sobre el uso de fondos reservados y facultades operativas.
«Un mecanismo de represión social»
Para Miguel Ángel Toma, quien dirigió la central de inteligencia durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el nuevo marco normativo tiende a desvirtuar la función profesional de la inteligencia —que debe enfocarse en amenazas externas y crimen organizado— para convertirla en un aparato de vigilancia interna. «Lo único que está generando es una enorme duda de si no hay detrás de esto una intención autoritaria», afirmó en declaraciones radiales, subrayando que la redacción del DNU favorece la utilización de las estructuras del Estado para la persecución social.
Si bien el ex funcionario reconoció que es necesaria una actualización tecnológica de la ley vigente para enfrentar amenazas como el ciberterrorismo, lamentó que la gestión de Javier Milei haya reemplazado una ley de consenso por una medida que prioriza la opacidad y el poder discrecional de los agentes secretos por sobre los derechos individuales.