El ataque a la laicidad y el retroceso del rol estatal
El núcleo más conflictivo de la ley reside en la redefinición del rol del Estado. La reforma consagra la subsidiariedad del Estado, que actúa solo como garante del derecho a aprender y enseñar, sin sustituir la responsabilidad familiar o la iniciativa social. Esto implica una reducción del Estado a un rol mínimo, transfiriendo la responsabilidad central de la formación a las familias, que no siempre poseen los recursos o la capacidad para supervisarla.
Peor aún, el proyecto introduce una omisión histórica: no ratifica el carácter laico de la educación impartida en instituciones de gestión estatal. Este principio, rector de la educación pública desde la época de Domingo Faustino Sarmiento, ha encendido las alarmas, pues abre directamente la puerta a que se pueda impartir educación religiosa en escuelas públicas, socavando la neutralidad estatal en la formación de los ciudadanos.
Exclusión universitaria: el requisito de las dos materias y las nuevas barreras
El proyecto libertario apunta directamente contra la inclusión en la educación superior con dos medidas restrictivas que impactarían dramáticamente en la matrícula, especialmente entre los estudiantes de bajos recursos:
Exclusión por regularidad estricta: Se insta a las instituciones de Educación Superior a fijar un régimen de regularidad que obligue a los estudiantes a aprobar un mínimo de dos (2) materias por año. Los críticos señalan que esta medida, lejos de combatir la deserción, actúa como un mecanismo de expulsión. Miles de estudiantes que trabajan, que sostienen a sus familias o que estudian a otro ritmo quedarían fuera del sistema. Para la oposición, este es un objetivo encubierto de reducir la matrícula universitaria para justificar un menor presupuesto, alineado con el propósito de control del gasto.
Barrera al ingreso: Se elimina la figura del alumno «condicional» de la universidad, ya que se establece que los estudiantes deben haber concluido previamente el ciclo secundario de forma completa para poder iniciar estudios superiores. Actualmente, los alumnos pueden inscribirse debiendo materias, pero con el cambio propuesto, se impondrá una barrera de entrada más estricta que demorará o bloqueará el acceso a la universidad para miles de jóvenes que provienen de sistemas educativos con mayores falencias.
Además de estas restricciones, se suma una profunda modificación en el sistema de financiamiento universitario. El 75% del aporte seguirá atado al número de estudiantes, pero el 20% restante se repartirá ponderando «criterios de desempeño» como el número de egresados y la calidad e impacto de la producción científica. Esta lógica de competencia y productividad podría beneficiar a las universidades ya consolidadas y con mejores recursos, en detrimento de las instituciones regionales o aquellas que atienden a poblaciones más vulnerables, profundizando la desigualdad territorial en el acceso a una educación superior de calidad.
El riesgo del ‘Homeschooling’ y la educación paralela
Otro aspecto sumamente conflictivo es la habilitación de «formas alternativas de enseñanza», entre ellas la educación en el hogar (o homeschooling), dirigida por los responsables parentales. Si bien se garantiza la validez mediante la acreditación de contenidos mínimos comunes a través de «evaluaciones estandarizadas», la iniciativa traslada la responsabilidad de la formación y la vigilancia del proceso educativo a los padres o tutores. Los detractores advierten que esto dificulta la fiscalización de la calidad, genera riesgos de aislamiento en los menores y abre una gran brecha para la disparidad de contenidos y la calidad de la enseñanza, debilitando el rol integrador y fiscalizador del Estado.
En síntesis, la “Ley de Libertad Educativa” es vista por sus opositores como una peligrosa desregulación que amenaza el modelo histórico de educación pública, universal e integradora de la Argentina, abriendo las puertas a una mercantilización del sistema y a una exclusión masiva de estudiantes de los niveles superiores mediante el control de la regularidad y el financiamiento.