El propio Galperín, en declaraciones a Bloomberg, señaló sobre el avance de estas plataformas: “Se podría argumentar que es injusto para el gran minorista que declara y paga impuestos. Pero no nos corresponde a nosotros presionar a los gobiernos para lograrlo”. No obstante, estas declaraciones llegan justo después de que la presidencia de Mercado Libre en Argentina reclamara activamente la necesidad de un marco normativo “igual para todos” frente al avance de los productos de bajo costo chinos.
La crisis logística y los beneficios fiscales de Meli
Lo cierto es que la preocupación de Meli por el comercio chino está íntimamente ligada a su negocio central en Argentina: la logística. El ingreso masivo de productos de bajo valor que usan canales de envío alternativos, como el courier postal, afecta seriamente la pata de logística de Mercado Libre, el eje de su operación. Fuentes del sector indican que, mientras otras empresas de correo crecen con el courier internacional, los centros de abastecimiento de Meli, pilares de su sistema de entrega rápida, han reducido su actividad.
Este reclamo de «igualdad de condiciones» se produce mientras la propia compañía goza de importantes ventajas estatales. Es crucial recordar que Mercado Libre se beneficia de exenciones y estabilidad fiscal garantizada por la Ley de Promoción del Software y la Economía del Conocimiento de Argentina, un marco legal diseñado para impulsar el sector digital. La paradoja es que la empresa, beneficiaria de incentivos fiscales nacionales, ahora pide intervención estatal para frenar a competidores que operan bajo un esquema impositivo diferente.
El contexto regional no es ajeno al conflicto. Países como México, Chile y Uruguay ya avanzaron con regulaciones para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China, buscando proteger el tejido productivo local, mientras el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, aún no adopta medidas específicas en esa línea.
A pesar de la ambigüedad en su postura de mercado, el fundador de la compañía, valorada en US$105.000 millones, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei y su ideología liberal, aunque se mostró cauteloso sobre una posible incursión política. “He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’”, respondió el empresario al ser consultado sobre la posibilidad de ocupar un cargo público.