Los datos son contundentes: desde el 9 de febrero, los depósitos en dólares apenas crecieron unos u$s902 millones, pero incluso esa cifra es engañosa, ya que el aumento responde principalmente a maniobras contables por el pago de bonos Bopreal y no a un ingreso genuino de divisas al sistema. Al aislar estos factores técnicos, el flujo de dólares es prácticamente nulo, lo que confirma que la falta de garantías jurídicas y la incertidumbre política han bloqueado cualquier intento de normalización monetaria.
El objetivo de las autoridades nacionales libertarias era ambicioso: incentivar que los ahorristas sacaran sus dólares «del colchón» mediante un régimen simplificado que eliminaba la obligación de declarar el origen de los fondos para consumos personales. Sin embargo, el mercado ha respondido con una frialdad absoluta. A diferencia de los blanqueos tradicionales, esta normativa no ofrece un blindaje legal sólido, lo que deja a los contribuyentes expuestos a futuras persecuciones de ARCA ante cualquier cambio de humor en la gestión estatal. Para los especialistas, el que tenía capital para exteriorizar ya lo hizo en etapas anteriores, y el resto prefiere mantener sus ahorros a salvo de la voracidad de un sistema que no ofrece reglas claras.
Desde el sector tributario, el diagnóstico es de cautela extrema y escepticismo. Los asesores legales advierten que sus clientes están lejos de adherirse masivamente debido a la desconfianza histórica en la «seguridad jurídica» argentina, un riesgo que se potencia bajo el estilo confrontativo de la administración actual. Al no existir un beneficio fiscal relevante ni una protección real contra investigaciones judiciales futuras, la ley se percibe más como una trampa de fiscalización que como un puente hacia la formalidad. «El estado normativo actual no da garantías suficientes», señalan los técnicos, anticipando que la norma difícilmente logre el dinamismo esperado para financiar la recuperación económica.
Mientras la Ley de Inocencia Fiscal se estanca, el sistema financiero refleja una señal inquietante sobre el bimonetarismo. Los ahorristas no están volcándose al peso ni dolarizándose de manera explosiva, sino que mantienen un equilibrio de «supervivencia» donde la distribución de depósitos está partida casi al 50% entre ambas monedas. Esta bimonetariedad efectiva no es una señal de salud económica, sino un síntoma de cobertura ante el riesgo: los argentinos mantienen los dólares fuera del alcance del Estado y los pesos solo para la gestión diaria de una inflación que sigue erosionando los ingresos.
En este contexto, la promesa de una economía dinamizada por los ahorros privados se desvanece frente a la realidad de los números. Con un crecimiento de apenas u$s45 millones en el último mes, la Ley de Inocencia Fiscal parece destinada a convertirse en otra herramienta estéril de una gestión que subestimó el peso de la desconfianza ciudadana. Sin incentivos directos y con la amenaza constante de controversias judiciales, el «dólar colchón» seguirá refugiado, lejos de un sistema que, bajo el ala libertaria, todavía no logra demostrar que es un lugar seguro para invertir.