La iniciativa ya cosecha apoyos tanto en el sector público municipal como en la cúpula gremial empresaria, tras reuniones clave con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y asesores técnicos. El objetivo es evitar que el consumo se fugue definitivamente hacia los países vecinos mientras los locales misioneros bajan sus persianas.
La propuesta, que busca establecer un marco legal para la actividad comercial fronteriza, surge como una respuesta de supervivencia ante una crisis que el impulsor califica como inédita en sus 14 años de trayectoria. Ante la estructura impositiva nacional que asfixia al sector y la falta de soluciones por parte de la administración del presidente ultraderechista Javier Milei, el proyecto plantea que los comercios locales dejen de ser meros espectadores de la asimetría. La idea central es que las PyMES empadronadas puedan adquirir stock en los países limítrofes -en rubros como bazar, textil y autopartes- para revenderlos formalmente en la provincia, garantizando la trazabilidad y el sostenimiento del empleo.
El diagnóstico del sector comercial es desgarrador y apunta directamente a las políticas de la Casa Rosada como el origen del problema. «La gente no consume porque no puede comprar», señala Jerushalmi, describiendo un panorama donde todos los rubros que no son de primera necesidad están paralizados. Esta falta de «luz al final del túnel» en la macroeconomía nacional es lo que obliga a Misiones a buscar soluciones autonómicas que no dependan de la burocracia centralista de Buenos Aires, la cual históricamente ha ignorado que la provincia posee un 90% de sus fronteras con otros países.
El proyecto se plantea como una prueba piloto que excluye productos de alta sensibilidad sanitaria, como las carnes, pero abre la puerta a una competencia real en sectores donde hoy la diferencia de precios con Encarnación o Foz de Iguazú es abismal. Según los impulsores de la medida, el objetivo es doble: por un lado, permitir que el comerciante misionero tenga márgenes de rentabilidad que le permitan subsistir y, por otro, que el Estado provincial no pierda recaudación ante el avance de la informalidad. «No podemos tener un régimen aduanero igual a las otras provincias porque somos diferentes a todas», sostienen los comerciantes.
Mientras el Gobierno nacional mantiene un esquema que prioriza el ajuste financiero por sobre el consumo interno, el comercio de Misiones intenta blindar la economía regional mediante este diálogo entre el sector privado y el público. La propuesta de formalizar el comercio fronterizo para PyMES no es solo una medida técnica; es un grito de alerta ante una crisis de consumo que amenaza con desertificar las avenidas comerciales de la provincia si no se toman medidas urgentes para equilibrar la balanza frente a los competidores extranjeros.
