Bajo este nuevo esquema, serán los fiscales quienes encabecen las investigaciones criminales, quitándole esa carga a los jueces de instrucción, con el objetivo de agilizar los procesos y evitar que las causas penales duerman en los despachos durante diez o trece años sin llegar a una sentencia definitiva.
Esta reorganización profunda responde a una necesidad de modernización frente a una crisis de eficiencia que ya no admite demoras, especialmente en un contexto donde la demanda social de justicia pronta es cada vez más alta. La reforma propone que el Ministerio Público Fiscal asuma el control total de la investigación, mientras que los jueces recuperen su rol esencial de garantes del proceso. El cambio vendrá acompañado de una fuerte apuesta por la oralidad, permitiendo que el mismo fiscal que instruye la causa sea quien la sostenga en el juicio oral, garantizando una continuidad técnica que hoy se diluye en la burocracia del papel.
Sin embargo, el éxito de esta «revolución judicial» dependerá de la capacidad de la Provincia para financiar la transición, un desafío mayúsculo dadas las restricciones económicas actuales. Giménez reconoció que será indispensable la creación de nuevas fiscalías, la incorporación de fiscales coadyuvantes y el fortalecimiento de los laboratorios forenses, ya que hoy los juzgados de instrucción poseen estructuras mucho más robustas que los Ministerios Públicos. En ese sentido, la gestión de recursos ante la Nación y la reestructuración del presupuesto provincial serán determinantes para que la reforma no quede solo en un cambio de nombres en el Código Procesal.
El plan de implementación será gradual y por regiones, comenzando por las jurisdicciones de San Pedro y San Vicente para testear el sistema antes de desembarcar en los grandes centros urbanos como Oberá, Eldorado y finalmente Posadas. Se estima que el proceso completo demandará varios años y el apoyo de tres leyes fundamentales que deberán debatirse en la Legislatura este año: un nuevo Código Procesal Penal, una ley de implementación y una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Este escalonamiento busca minimizar el margen de error en un sistema que hoy se reconoce superado por el volumen de causas.
En paralelo a la reforma técnica, el Poder Judicial atraviesa un recambio institucional estratégico con la propuesta de Andrés Poujade para integrar el Superior Tribunal de Justicia. El respaldo del Procurador a Poujade no es casual; se valora su perfil técnico y su experiencia como fiscal de Cámara, lo que aportaría una visión operativa esencial para conducir el máximo tribunal durante la transición al sistema acusatorio. Con esta renovación de cuadros y el cambio de paradigma procesal, Misiones intenta abandonar el lote de las últimas provincias con justicia lenta para integrarse a los estándares modernos de resolución de conflictos penales.