Números que desmienten el «caos fiscal»
Mientras el Gobierno agita el fantasma del déficit para justificar el veto y la desfinanciación, los datos técnicos de la OPC —a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas— revelan una realidad muy distinta. Financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad representaría apenas entre un 0,22% y un 0,42% del PBI, permitiendo que casi un millón de personas accedan a pensiones y garantizando aranceles dignos para los prestadores.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un desembolso cercano al 0,23% del PBI. Sumadas, ambas leyes apenas rozan el 0,6% del producto, una cifra que el Gobierno podría cubrir holgadamente si no hubiera decidido resignar recursos mediante:
La baja de Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
La eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de retenciones.
Diversos blanqueos y perdones fiscales que benefician a los sectores de mayor patrimonio.
Esta desproporción demuestra que el «déficit cero» es elástico para los beneficios corporativos, pero innegociable cuando se trata de derechos sociales o educación, confirmando que la austeridad libertaria es, en muchos casos, un capricho ideológico.
El retroceso oficialista: aprobar el Presupuesto «como sea»
Tras el fracaso en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no logró los votos para derogar estas leyes (Capítulo XI), la Casa Rosada ha decidido cambiar de estrategia para evitar un nuevo traspié en el Senado. El plan actual es sancionar el proyecto tal como viene de la Cámara Baja entre el 26 de diciembre y los primeros días de enero.
Fuentes inobjetables de la Casa Rosada confirman que, para cumplir con las metas del FMI y el mercado, el Gobierno evitará insistir con las derogaciones de Discapacidad y Universidades en el Senado, pero advierten una maniobra de compensación: «Estamos obligados a reasignar partidas; podemos llegar a agarrar fondos de las provincias», confiesan desde el entorno presidencial.
El 26 de diciembre: la fecha clave para el «plan de ingresos»
Hacia finales de la semana próxima, el oficialismo buscará abroquelar a sus aliados en el Senado para convertir en ley el Presupuesto 2026. Se espera que:
Se acepte el texto de Diputados: Evitando que el proyecto regrese a la cámara inicial y acelerando su promulgación.
Se mantenga la vigencia de las leyes de Discapacidad y Universidades: Aunque el Ejecutivo ya adelantó que no las ejecutará plenamente, reasignando discrecionalmente los fondos.
Continúe la tensión con los gobernadores: Quienes ya advierten que su apoyo será limitado tras el intento de la Nación de licuar deudas eléctricas (Cammesa) de las distribuidoras porteñas (Edenor y Edesur) mientras se les exige austeridad a las provincias.
En definitiva, lo que se verá el 26 de diciembre es el intento de un Gobierno que, tras perder la batalla de las derogaciones, busca salvar su capital político a costa de una ingeniería presupuestaria que sigue castigando a los más débiles, mientras sostiene privilegios fiscales para los más ricos.