La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que “el actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”. En el comunicado difundido hoy, alertaron que la red socio-digital X (ex Twitter) “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ‘mentirosos’, ‘ensobrados’, ‘idiotas’, ‘violentos’, ‘agresivos’, ‘despreciables’, ‘imbéciles’, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”. Y mencionaron a algunos de los periodistas atacados, entre ellos, Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
En el escrito, la organización internacional también cuestionó la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. Y alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.
Amnistía Internacional reveló además que este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. “Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, agregaron.
“Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, resaltaron.
Además, recordaron que “la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.
En la carta que Belski envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso dos principales áreas de preocupación: las agresiones contra periodistas y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales. Además, denunció el uso de redes sociales por parte del gobierno para “atacar y desacreditar a periodistas, generando un efecto silenciador”. Se menciona que estas agresiones incluyen insultos, calumnias y amenazas que buscan minar la reputación de los profesionales de la prensa. Además, detallaron ejemplos concretos de estas agresiones.
Silvia Mercado, periodista acreditada en la Casa de Gobierno durante más de diez años, sufrió la retirada arbitraria de su acreditación el 6 de junio de 2024. A pesar de haber cumplido con los nuevos lineamientos para el acceso, su acreditación fue revocada sin explicaciones claras, impidiéndole cubrir las conferencias de prensa presidenciales. Mercado intentó volver a acreditarse, pero sus esfuerzos fueron infructuosos hasta el 19 de julio, cuando finalmente se le devolvió su acreditación, lo que evidenció la arbitrariedad en el manejo de los permisos de acceso a la Casa Rosada. Amnistía Internacional documentó que la decisión de retirar la acreditación fue tomada por Karina Milei, secretaria General de Presidencia, tras consultas con el vocero presidencial, Manuel Adorni. La situación llevó a Mercado a interponer una acción de amparo y una medida cautelar innovativa ante la justicia por violación de su derecho a trabajar y a la libertad de expresión y prensa.
Además, María O’Donnell fue víctima de repetidos ataques por parte del presidente Javier Milei, quien se hizo eco de fragmentos editados de sus declaraciones difundidos por tuiteros anónimos afines a su gestión. Estos ataques se intensificaron después de que O’Donnell cubriera la Copa América, y tras sus comentarios sobre la “ley Conan” y otros temas. El presidente retuiteó mensajes que desacreditaban a la periodista, lo que desató una ola de tuits violentos contra ella. A pesar de sus aclaraciones sobre la manipulación de sus declaraciones, O’Donnell no pudo contrarrestar el impacto de estos mensajes falsos, agravado por la difusión y aval del presidente.
Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación en París, fue acusada de “mentirosa” por el presidente Javier Milei tras calificar la recepción de su discurso en la cumbre de Davos como “con estupor y sorpresa”. Milei utilizó su cuenta de Twitter para desacreditar a Corradini, afirmando que ella trabajaba para un medio que operaba contra el gobierno y que mentía en sus reportes.
El 28 de junio de 2024, el presidente Javier Milei retuiteó un posteo que cuestionaba un gráfico presentado en el programa de María Laura Santillán en LN+, tildándola de “pautera y operadora”. Este retuit fue acompañado por comentarios del presidente que acusaban a Santillán de manipular gráficos para mostrar noticias desfavorables al gobierno, utilizando un recurso degradante al referirse a ella como “la ex de…”.
Sofía Diamante, periodista del diario La Nación, fue increpada por el presidente Milei tras opinar sobre los métodos oficiales para reducir la brecha financiera. Milei la acusó de haber mentido durante su campaña y de recibir información falsa, insinuando que tenía fuentes deshonestas y desprestigiándola públicamente.
Los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel fueron denunciados penalmente por el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona por supuesta “instigación a cometer delitos” a raíz de declaraciones sobre la distribución de alimentos por el Ministerio de Capital Humano. Aunque la justicia desestimó las denuncias, este tipo de acciones judiciales buscan inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y fomentar la autocensura, afectando el derecho del público a la información y el rol de los periodistas en la democracia.
Por último, el 18 de julio de 2024 trascendió que a más de 50 periodistas acreditados se les había removido su acreditación en la Casa Rosada. “Esta acción se enmarca en una política de restringir el acceso a periodistas considerados críticos, implementando un mecanismo de acreditación basado en criterios arbitrarios y discriminatorios”, concluyeron.