La crisis del sector, que en Misiones tiene 13 mil pequeños productores y uno 11 mil tareferos, es consecuencia directa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el Gobierno anarco capitalista.
El propietario del molino Don Omar, Omar Kassab, propuso pagar $301 por kilo de hoja verde, lo que representa un incremento del 25% al 30% respecto de los valores que actualmente abonan otras industrias en Misiones y Corrientes, donde los precios oscilan entre $220 y $270, con pagos diferidos a 90 días. Además, la propuesta incluye un esquema de aumentos progresivos que llevaría el precio a $330 en junio, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a los productores en un mercado que ha quedado sin regulación oficial. El objetivo es llegar a julio con un precio de 350 pesos o más.
Durante su visita a Expoagro, la mayor muestra agroindustrial en San Nicolás (Buenos Aires), el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, coincidió con el reclamo de productores y tareferos que están en lucha en Misiones. “Hay que observar qué es lo que está pasando en esa cadena”, señaló el radical, quien reconoció que los productores yerbateros reciben “precios muy bajos” por la materia prima que entregan a los molinos para luego industrializar el producto.
“Se está llevando más plata la comercialización que el productor. Hay que observar qué es lo que está pasando en esa cadena”, explicó el mandatario correntino.
Los productores acusan al Presidente de incumplimiento en los deberes de funcionario público, que dejaron en estado de vulnerabilidad a la producción primaria yerbatera.
La denuncia, confirmada por Hugo Sand, presidente de APAM, fue formalizada en la mañana de este martes ante el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat Luzuriaga. Sin embargo, el magistrado no pudo recibir el escrito debido a que se encuentra de licencia.
Los productores, acompañados también por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), fundamentaron su acción en el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al considerar que Milei y su equipo económico son responsables por la inacción u omisión en la designación de un presidente para el INYM. La denuncia se basa en la Ley Nacional 25.564, que establece la creación y funcionamiento del organismo.
El arranque de la administración de Milei ha sido particularmente adverso para el sector yerbatero de Misiones. La política de desregulación promovida por el Ejecutivo incluyó un fuerte recorte en organismos del Estado nacional, impactando directamente en el INYM. A pocos días de asumir, Milei firmó el DNU 70/2023, eliminando las principales facultades de regulación del instituto, lo que dejó a la industria yerbatera sin una estructura de fijación y control de precios.
Con esta medida, la fijación del valor de la hoja verde pasó a estar exclusivamente en manos de la industria, dejando a los productores y colonos en una posición de desventaja. Actualmente, los precios establecidos por los molinos están por debajo de los costos de producción, generando una crisis en el sector primario de la yerba mate.
Frente a esta situación, los yerbateros han decidido paralizar la cosecha y mantener protestas en distintos puntos de la provincia. En los últimos días, se han visto manifestaciones a la vera de las rutas, con productores reclamando una intervención estatal para garantizar un precio justo.
A pesar de algunos intentos del gobierno provincial de Misiones por mediar en el conflicto, la incertidumbre persiste. De continuar la falta de regulación, solo las grandes cooperativas y productores con mayor capacidad financiera podrán resistir la caída de precios, poniendo en riesgo la subsistencia de pequeños y medianos productores.