Lo que los libertarios y el gobierno nacional del presidente ultraderechista Javier Milei consideran su principal brazo de contención y represión, hoy les da la espalda, hartos de salarios que los hunden por debajo de la línea de la pobreza y de una desidia administrativa que los deja sin cobertura médica básica.
La hipocresía del discurso gubernamental ha llegado a su límite para los efectivos que, mientras son enviados a la calle bajo protocolos de mano dura, deben completar sus ingresos manejando un Uber al finalizar su turno. Con los grupos de WhatsApp «en llamas», el malestar en las bases ha superado la jerarquía tradicional. La bronca no es solo por el salario; es por el colapso total de su obra social, la Iosfa, que tras una división administrativa caótica ha dejado a los uniformados y sus familias prácticamente sin prestaciones médicas, transformando la «vocación de servicio» en una trampa de supervivencia.
La gestión de la ministra Alejandra Monteoliva está bajo fuego cruzado y es señalada como el epicentro de esta crisis de conducción. Calificada por expertos como una «académica» sin don de mando, Monteoliva carga con el oscuro antecedente de haber estado al frente de la seguridad cordobesa durante el traumático acuartelamiento policial de 2013. Su incapacidad para manejar la tropa, sumada a una interna feroz con su antecesora Patricia Bullrich y la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, ha dejado a las fuerzas a la deriva en un mar de decisiones erráticas y discriminación salarial.
A este combo explosivo se suma el resentimiento generado por los favoritismos de la anterior gestión, que benefició a las cúpulas de Gendarmería dejando a los rangos bajos y al resto de las fuerzas en un estado de abandono absoluto. Mientras la Casa Rosada utiliza a estos efectivos como escudo político y herramienta de represión social, puertas adentro se vive una fractura de lealtades. La discriminación salarial y el maltrato institucional han logrado lo que parecía imposible: que quienes deben garantizar el orden se unan para denunciar el caos económico al que los somete el propio Estado.
La movilización del 2 de abril, que consistirá en un abrazo solidario al edificio Centinela, no es solo un reclamo gremial; es el síntoma de un sistema que se resquebraja desde adentro. El gobierno de Milei ha logrado hartar incluso a los sectores más conservadores de su base operativa. Cuando el hambre golpea la puerta de los cuarteles y las familias de los efectivos se quedan sin atención médica por una gestión ineficiente que prefiere la interna política al bienestar de sus subordinados, el control social se vuelve una bomba de tiempo que el propio oficialismo ha encendido.
Finalmente, la desorientación en el Ministerio de Seguridad alcanzó niveles peligrosos con la reciente retirada de custodias en objetivos sensibles, una medida que la ministra negó pese a las evidencias. Entre internas, mentiras y sueldos de miseria, el sector que el gobierno nacional pretendía usar como baluarte de su autoridad hoy se levanta como su crítico más severo. La marcha histórica de las cinco fuerzas es el grito de quienes, cansados de ser el último eslabón del ajuste, han decidido que ya no están dispuestos a pagar con su dignidad el costo de un modelo que los desprecia.