La propuesta enviada por la entidad que preside Ricardo Diab busca que Caputo utilice sus facultades para dictar normas que morigeren este impacto, solicitando reducciones que van desde el 20% hasta el 90% según el tamaño de la empresa. Para CAME, es imperativo que se contemple la capacidad económica real de los contribuyentes antes de aplicar estos castigos financieros, ya que el esquema actual parece diseñado para confiscar el capital de trabajo. Esta es la segunda vez que la organización intenta frenar el golpe, tras un primer reclamo realizado a finales de diciembre que fue ignorado, exponiendo la negligencia de una dirigencia que dejó pasar una ley con consecuencias letales para el sector que dicen defender.
El esquema de alivio que propone la industria pyme es escalonado, pidiendo un 90% de quita para microempresas y personas humanas con el fin de evitar cierres masivos por incumplimientos formales. Resulta paradójico que una ley que eleva los pisos de evasión simple a $100 millones y de evasión agravada a $1.000 millones —beneficiando claramente a los grandes evasores—, termine castigando con una ferocidad inédita a quienes cometen errores administrativos. El desconcierto es total: mientras los diputados levantaban la mano en el Congreso, pocos advirtieron que estaban habilitando multas que escalan hasta los $10 millones para pequeñas firmas, un monto que supera cualquier lógica de razonabilidad tributaria.
La Ley de Inocencia Fiscal, más allá del blanqueo de activos de hasta 10.000 millones de pesos sin control de consumos, ha desatado un escenario de inseguridad jurídica para el contribuyente de a pie. La falta de análisis técnico por parte de los bloques parlamentarios y de las propias entidades intermedias durante el tratamiento legislativo ha quedado al desnudo ahora que las notificaciones de ARCA empiezan a llegar. La advertencia de VoxPopuli sobre el carácter dudoso y los riesgos ocultos de esta normativa cobra hoy más vigencia que nunca, al verse cómo el propio sector productivo debe rogar por clemencia ante un Estado que endureció los castigos para quienes sostienen el empleo genuino.
En definitiva, la pelota está ahora en el campo de Luis Caputo y Andrés Vásquez, titular de ARCA, quienes deberán decidir si mantienen este esquema de sanciones asfixiante o si ceden ante el reclamo de una CAME que intenta enmendar un error de cálculo histórico. Un país que pretende normalizar su economía no puede hacerlo sobre la base de multas confiscatorias que pasaron el filtro legislativo por pura desidia o falta de lectura. La resolución de este conflicto definirá si la Inocencia Fiscal es realmente un puente hacia la regularización o si terminará siendo la estocada final para miles de empresas que fueron entregadas por una dirigencia que no leyó la letra chica.