Desde IARAF advierten que los datos surgen de un análisis teórico que se consideran interesante realizar. Tampoco se consideran aspectos de administración tributaria, es decir de implementación.
En primer lugar, se analiza cómo se origina y cómo se distribuye una recaudación de $100 de IVA. Esta es la situación base.
En segundo lugar, se analiza cómo jugaría una división del IVA entre Nación y Provincias junto a CABA, cobrando la Nación una alícuota del 10% y cada una de las provincias una alícuota del 11%. Por último, se analizan las implicancias de una división del IVA, con Nación cobrando una alícuota del 10% y con cada provincia y CABA cobrando la alícuota necesaria para recuperar el mismo nivel de ingreso que actualmente terminan teniendo de la distribución de la recaudación de IVA.
En este análisis surge que en 18 jurisdicciones la alícuota final de IVA debería ser mayor a la actual del 21%. De estas 18 jurisdicciones, las tres con mayor alícuota provincial son Catamarca, Formosa y La Rioja.
El gráfico muestra como deberían cubrir las provincias el súper IVA libertario.
Según este ejercicio, la sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4%, 56,5% y 52,9%, respectivamente, algo imposible de implementar en la práctica.
La situación se agrava a nivel regional: todas las provincias del Nordeste Argentino (NEA) sufrirían pérdidas significativas. Según el informe del IARAF, Chaco y Formosa se ubican entre las tres jurisdicciones más perjudicadas del país. En el caso chaqueño, la pérdida de ingresos por IVA sería del 73%, mientras que Formosa perdería el 77%. Corrientes, por su parte, registraría una caída del 50%.
Si se mantuviera el nuevo esquema de IVA dividido y las provincias buscaran recuperar lo que hoy perciben vía coparticipación, deberían aplicar alícuotas provinciales mucho más altas. En el caso de Formosa, la alícuota necesaria ascendería a un inviable 47%, llevando el total combinado de IVA al 57%. Para Chaco, sería del 40%, totalizando un IVA del 50%. Corrientes, al igual que Misiones, necesitaría una alícuota del 22%.
El informe del IARAF permite dimensionar el efecto redistributivo que tiene actualmente la coparticipación del IVA. Provincias con bajo consumo —como las del NEA— reciben hoy más recursos de los que aportan al fisco mediante el consumo local, gracias al criterio redistributivo del sistema. Si ese criterio desapareciera, los fondos que hoy se redistribuyen pasarían a concentrarse en los distritos de mayor actividad económica, como Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, que verían incrementos en sus ingresos.
“El sistema actual de coparticipación permite que provincias con menor capacidad de recaudación propia accedan a un piso mínimo de recursos fiscales”, destaca el informe. Por ello, la eventual implementación de un IVA dual con alícuotas provinciales requeriría una revisión integral del esquema de distribución de ingresos entre Nación y provincias.
La simulación del IARAF cobra especial relevancia en un contexto de reforma fiscal y discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. “Son muchos los aspectos que entran en la discusión”, advierte el informe, recordando que desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente la sanción de una nueva ley de coparticipación federal.
En resumen, la división del IVA entre Nación y provincias, sin mecanismos compensatorios, implicaría una fuerte transferencia de recursos desde las provincias más postergadas como las del NEA- hacia los centros económicos más grandes. En el caso de Misiones, el impacto sería directo: perdería más de la mitad de lo que hoy recibe y debería subir su propia carga impositiva para compensar la pérdida. En un país con desigualdades estructurales, la reforma del IVA, lejos de ser técnica, se vuelve una cuestión profundamente política.
Dados los resultados de este análisis, no cabe duda de que la discusión de reformas tributarias y de distribución de recursos entre niveles de gobierno va a ser intensa, tanto en el orden primario como en el secundario. Son muchos aspectos los que entran en la discusión, de hecho, hace 31 años la reforma constitucional determinó que debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal, cosa que hasta ahora no sucedió.