Mientras Amnistía Internacional se prepara para denunciar en los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, un alto funcionario de la ONU comparó a la Argentina con países que registran graves violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno nacional llevó a cabo 33 detenciones de personas que se manifestaron el 12 de junio frente al Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases. De esos 33, hasta el momento sólo quedan cinco personas detenidas. Ayer la jueza federal María Romilda Servini ordenó a excarcelación por «falta de mérito» de otros 11 detenidos que se sumaron a las liberaciones durante el fin de semana.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk , criticó las políticas que está desarrollando el gobierno de Milei en ese campo. No es la primera vez ya que en enero pasado, en el marco de las primeras protestas contra el DNU 70/2023 y la Ley Bases, ya había alertado sobre la situación en Argentina.
Durante su discurso en la 56° sesión del organismo, el funcionario de origen austríaco aseguró que «las recientes medidas propuestas y adoptadas» en Argentina corren el riesgo de «socavar la protección de los derechos humanos».
«Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030», enumeró Türk en la segunda de las tres asambleas que la ONU hará en 2024.
Türk incluyó la situación de la Argentina cuando se refirió a países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití. El funcionario le pidió a las autoridades argentinas que «coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación política» para «construir una sociedad más cohesiva e inclusiva».
«Esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión», agregó en referencia a los detenidos por las protestas llevadas a cabo en el Congreso Nacional.
Desde el organismo internacional ya habían advertido sobre las políticas de Seguridad del gobierno argentino. Tras la puesta en marcha del protocolo elaborado por Patricia Bullrich, Naciones Unidas advirtió que «las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica»
El mensaje fue emitido en ese momento por el diplomático y jurista Clément Nyaletsossi Voule, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde 2018.
En enero, la oficina para América del Sur del ACNUDH estuvo de visita en el país. Sus representantes mantuvieron una tensa reunión con la canciller Diana Mondino, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños y la propia Bullrich. Pocos días más tarde los relatores del organismo relevaron el protocolo de la ministra de Seguridad y lo cuestionaron a viva voz.
El Alto Comisionado de la ONU, desde su oficina regional, también pidió participar del debate en Diputados sobre la primera versión de la Ley Bases. Entre sus preocupaciones estaba el capítulo que había redactado Bullrich referido al endurecimiento de las leyes penales. En ese momento, el organismo advirtió que la iniciativa podría ser «una forma de convalidar ejecuciones extrajudiciales». Finalmente, dicho capítulo fue removido de la Ley Bases.
Paralelamente desde Amnistía Internacional Argentina, anunciaron que están elaborando un pedido a las Naciones Unidas para que se involucre en «las detenciones arbitrarias» llevadas a cabo por esta administración. «Vamos a presentar un pedido ante Naciones Unidas en estos días. Ante el grupo de trabajo por la detención arbitraria de todos los detenidos», expresó en diálogo con El Destape Radio la directora de dicho organismo, Mariela Belski.
Según informaron desde Amnistía Internacional Argentina a El Cronista, el pedido se realizaría en el trascurso de este miércoles. Asimismo, Belski aseguró que como acción urgente de reclamo a las autoridades argentinas irán a todas las embajadas argentinas dónde tenga cede su ONG para visibilizar esta situación y que «tome conocimiento internacional».
En diálogo con La Mañana de CNN, por CNN Radio, uno de los detenidos que fue liberado el sábado, Nicolás Mayorga, denunció que «muchísimos de los que tiraron piedras eran infiltrados». Incluso acusó a los responsables del operativo y las autoridades políticas de tergiversar las evidencias.
«Dijeron que una compañera tenía una granada de guerra, en realidad era una granada de humo que se le cayó a la policía. La compañera quiso llevarse un souvenir para mostrar lo que dejó la policía, en realidad esto es un problema de la ineficiencia de la policía», explicó durante la entrevista.
También contó que estuvo «casi incomunicado los primeros tres días y después teníamos simplemente las llamadas familiares». Acusó que hubo una «zona liberada» a lo largo de la avenida 9 de julio, desde Corrientes hasta Independencia, donde «la policía detuvo a cualquier cantidad de gente que no teníamos relación entre sí» mientras que «no hay un solo detenido de los que dieron vuelta y prendieron fuego el auto de Cadena 3». (Con información diario El Cronista)