La multinacional Alto Paraná, -a través de su gerente de Asuntos Corporativos Pablo Ruibal-, consideró que el proyecto de expropiación de tres mil hectáreas de su propiedad carece de todo sustento. «Es un grupo de personas que consideran que tienen derecho de reclamarle a la empresa estas tierras, pero para una expropiación tiene que haber un fin de bien público, y aquí no lo hay. Esto sería algo entre dos partes privadas y carece de todo sustento», explicó.
La Asociación de Productores Independientes de Puerto Piray presentó en la legislatura misionera un proyecto que busca expropiar tres mil hectáreas propiedad de APSA, para distribuirlas a razón de 14 hectáreas para cada una de las 200 familias que integran la asociación. Argumentan el pedido, -que recibió el apoyo de varios diputados-, en que le darán uso productivo a esas tierras y como medida proteccionista al medio ambiente. Ruibal dijo en Radio Libertad que «hoy son tierras productivas, generan trabajo, impuestos y valor; y están forestadas, por eso carece de todo sustento y lógica el pedido de expropiación. El tema es independiente de la cantidad de tierras. El tema es de derecho de propiedad. Tres mil hectáreas no es un tema menor, hablamos de millones de pesos». Argumentó que «la empresa hizo una cantidad de desarrollos productivos. Hoy genera puesto de trabajo para cuatro mil familias misioneras, con lo cual no es que estas hectáreas se ceden a estas familias y está todo bien, ya que iría en detrimento de los puestos de trabajo que generan». El proyecto se empezaría a analizar en la Legislatura misionera en las próximas semanas.
El gerente de APSA además desmintió que se utilicen agrotóxicos en el tratamiento de las plantaciones, como lo aseguró la titular de la asociación que impulsa el proyecto de expropiación, Miriam Zamudio. «En estas áreas no se utilizan productos fito-sanitarios, y esto lo confirmaron funcionarios de la Provincia en abril del año pasado», dijo.
También negó que el 70 por ciento de las 200 familias que la integran, hayan sido despedidas de Alto Paraná. «Es más, no me consta que algunade las personas del Kilómetro 18 (Donde viven) hayan sido empleadas de alto Paraná» Precisamente Ruibal se refirió a las familias que integran la asociación. «No viven en estas tres mil hectáreas. Lo hacen en tierras que eran de celulosa Argentina y que fueron adquiridas por Alto Paraná. Son unas 50 hectáreas que están en proceso de mensura con apoyo del municipio de Puerto Piray para que se les transfiera la propiedad a estas personas. Ellos aparte de estas 50 hectáreas, quieren las tres mil que piden expropiar».
Aseguró que el dialogo con estas familias ha sido constante a lo largo del tiempo, y que «incluso hubo un proyecto de usufructo para que desarrollen tareas agrícolas, pero siempre el diálogo lo cerraron ellos. Desconozco cuales son los fines que persiguen», dijo. Ruibal también se refirió al estado parlamentario que tomó el proyecto. «Estamos al tanto de lo que opinaron los diputados y somos respetuosos del orden jurídico del país al que pertenecemos, pero para expropiar además de un fin de bien publico, tiene que haber una compensación al expropiado y nos gustaría saber de donde saldrían los fondos para hacerlo», terminó diciendo.
Al igual que los diputados Héctor Bárbaro (PAyS) y Pablo Tschirsch (UP), los legisladores Marta Ferreira (FR) y Luis Pastori (UCR) aspiran a la regularización dominial de esas cerca de 3000 hectáreas y a la implementación de un plan especial de colonización, arraigo y desarrollo agrario en favor de los productores agropecuarios localizados en los Parajes «Piray Km. 18», «Santa Teresa» y «Unión», del municipio de Puerto Piray.
Ferreira y Pastori señalan que con esta acción se busca atender una situación que se prolonga desde hace mucho tiempo, y que por múltiples razones no puede retrotraerse. «Siendo imposible pensar siquiera en reubicar a decenas de familias que están asentadas desde antaño en esa zona», remarcan.
«En consecuencia, se impone la necesidad de atender la realidad concreta, evidente e insoslayable que se vive en esta zona rural del municipio a efectos de no extender una situación de postergación a las 200 familias, salvo que demos vuelta la mirada a esta injusticia, transformando con ello al accionar del Estado en una simple puerilidad. No se puede gobernar en base a situaciones ilusorias o ficticias. Se debe gestionar en función de una realidad, cuya causa si se quiere, no es propia ni exclusiva de este Gobierno, ni del anterior, sino que tiene ya lejanos antecedentes», expresan los legisladores en los fundamentos del proyecto.
En la misma línea que Bárbaro y Tschirsch, los diputados Ferreira y Pastori explican que con este proyecto buscan generar el arraigo de las familias a la comunidad de origen, revirtiendo la tendencia al éxodo permanente y transitorio y generando un mercado de productos agro-ecológicos en las localidades de Puerto Piray, Montecarlo y Eldorado, «con el propósito reemplazar paulatinamente el ingreso de producción extra-provincial, incorporar valor agregado a la producción primaria y promover la cultura del trabajo en los jóvenes de la comunidad».
El plan de colonización, arraigo y desarrollo agrario contempla la generación de unos 400 puestos de trabajo y la entrega de catorce hectáreas para cada una de las 200 familias de productores.
