El rediseño del sistema, formalizado mediante el Decreto 943, elimina la anterior segmentación por ingresos y establece un modelo denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo este nuevo criterio, el acceso a la asistencia estatal quedará estrictamente limitado a hogares cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Al utilizar una foto estática de ingresos frente a una inflación que no se detiene, la acción libertaria logra reducir de forma automática el universo de beneficiarios, ya que cada vez más familias superan nominalmente ese tope sin que ello signifique una mejora real en su capacidad de pago.
En términos operativos, el nuevo régimen divide a los usuarios en solo dos grupos: aquellos que reciben subsidios y quienes pagan el costo pleno de la energía. Además, se introducen bloques de consumo base con topes variables según el mes; por ejemplo, en febrero el límite subsidiado será de 300 kWh, mientras que en marzo bajará a 150 kWh. Esta reducción de los topes de consumo, en medio de una inercia de precios ascendente, garantiza que una mayor parte de la factura sea abonada a precio de mercado, permitiendo al equipo económico de Javier Milei, el presidente ultraderechista, exhibir una reducción del gasto público basada en el traslado directo del costo a los hogares.
Para gestionar este esquema, se ha creado el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual migrará automáticamente los datos de los usuarios ya inscriptos en el antiguo RASE. Si bien el Gobierno argumenta que la postergación se debe a «pasos administrativos pendientes» y a la necesidad de oficializar los nuevos precios mayoristas, la lectura política sugiere una intención de suavizar los indicadores de precios del corto plazo. Al desplazar el grueso del ajuste hacia marzo, la gestión libertaria intenta contener estadísticamente el índice inflacionario de enero, aunque el costo acumulado termine impactando de forma más agresiva al final del primer trimestre.
Finalmente, el nuevo esquema otorga a la Secretaría de Energía la facultad de revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones. Esta discrecionalidad permitirá al Gobierno ajustar las clavijas del gasto según las necesidades fiscales del momento, independientemente de la realidad económica de los usuarios. Mientras se espera la reglamentación definitiva, la incertidumbre crece entre las pymes y los hogares, quienes ven cómo el acceso a un servicio básico esencial se convierte en una variable de ajuste para sostener el dibujo de las cuentas públicas que pregona la administración de Javier Milei, el presidente ultraderechista.
