El origen del conflicto se remonta a la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, impulsado por Javier Milei, el presidente ultraderechista, el cual derogó las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para fiscalizar la razonabilidad de las cuotas. Al desmantelar el marco regulatorio que permitía al Estado intervenir en la estructura de costos, las acciones libertarias otorgaron a las empresas una libertad de mercado total. Resulta notable el cinismo de un equipo económico que diseñó la liberación total del sector y ahora se muestra «sorprendido» por aumentos que ya superan el 100% acumulado en lo que va del año, una consecuencia lógica de la eliminación de controles.
Los incrementos en la medicina privada han sido implacables, registrando en abril su cuarto ajuste consecutivo por encima de los dos dígitos, con subas que oscilan entre el 16% y el 19%. Esta escalada se suma a los fortísimos saltos de enero (40%), febrero (27%) y marzo (20%), configurando un escenario donde la salud privada se vuelve un bien de lujo inalcanzable. Caputo ha reconocido que a las empresas «se les fue la mano», pero sus herramientas de intervención son nulas debido a la propia filosofía de no intervención que el Ejecutivo defiende. La «competencia» que el ministro invoca no existe en un mercado donde pocos actores concentran la oferta y los usuarios están cautivos de sus planes de salud.
La contradicción técnica es evidente: no se puede clamar por la defensa de la clase media mientras se mantiene vigente la normativa que desprotegió sus bolsillos de manera deliberada. A pesar de los fallos judiciales individuales que han frenado aumentos para usuarios específicos, la arquitectura legal diseñada por Javier Milei, el presidente ultraderechista, blindó a las corporaciones para fijar precios sin control administrativo. Esta situación deja al Ministerio de Economía en una posición de debilidad autoinducida, limitando sus acciones a mensajes en redes sociales que no tienen el peso legal necesario para retrotraer los precios a valores que la clase media pueda pagar.
Finalmente, el sector de la clase media se encuentra atrapado entre un decreto que liberó los precios y una gestión que, tras generar las condiciones para los aumentos, pretende ahora actuar como mediador ante el descalabro resultante. La supuesta «batalla» contra las prepagas carece de sustento real mientras las acciones libertarias sigan siendo la base de la política económica nacional. Sin una modificación de fondo en el DNU que el propio Gobierno sostiene, las cuotas de salud privada continuarán ajustándose bajo la discrecionalidad empresarial, dejando las promesas de Caputo como una simple puesta en escena frente al creciente malestar social.
