La liberación de los saldos exportables de trigo, el precio que reciben los productores por el cereal y la situación de los trabajadores no registrados en el sector rural fueron los principales ejes de la reunión que hoy mantuvieron los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Trabajo, Carlos Tomada, con las autoridades de la Mesa de Enlace.
Tras el encuentro, las entidades anunciaron una nueva medida de fuerza, que consistirá en el cese de comercialización de cereales y oleaginosas entre las 0 horas del lunes venidero y la medianoche del domingo 23 de enero, en reclamo de la «apertura total de las exportaciones de trigo y maíz y la eliminación de los cupos y restricciones a la exportación», entre otras cuestiones.
La receta que las cámaras patronales del campo postulan apuntan se sustenta en la eliminación total de los cupos para exportación y para el mercado local, de manera que sea la puja «trasnparente» del mercado la que determine el precio final del trigo, dejando de lado la política de subsidios que el Estado lleva adelante para facilitar el acceso de la población a los productos agroalimentarios de consumo masivo.
Apenas terminada la reunión con las entidades del campo, Domínguez afirmó que «no hay ningún instrumento que esté vinculado a que no hay cupos exportables y el precio que le pagan a los productores de trigo».
Según el ministro, el argumento esgrimido por las Mesa de Enlace de que el bajo precio que las cerealeras pagan actualmente a los productores de trigo se debe al sistema de cupos para exportación no tiene asidero debido a que al finalizar la actual cosecha, se liberaran para exportación alrededor de 8 millones de toneladas cuando la media histórica es de 8,5.
Domínguez dijo que «es muy lógico que las entidades opinen sobre las políticas del gobierno» en referencia a la existencia de los cupos, pero manifestó que incluso entre esas opiniones hay diferencias de criterios.
Por el lado del campo estuvieron presentes los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías; y de CONINAGRO, Carlos Garetto.
Por el lado del Gobierno, junto a Domínguez y Tomada, también fue parte del encuentro el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís.
Solís, tras anunciar la liberación de 3 millones de toneladas del cupo exportable de trigo, señaló que al finalizar la cosecha el total exportable ascenderá a 8 millones de toneladas, debido a que se liberará otra tonelada más en base a las proyecciones de la cartera.
«De esta forma estaríamos en las ocho millones de toneladas cuando la media histórica (de los últimos 15 años) fue de 8,5 millones», sostuvo Solís en diálogo con la prensa.
Para Domínguez las políticas que lleva adelante el Gobierno son para «que no le roben al productor» con el precio del trigo.
«Es muy lógico que las entidades opinen sobre las políticas del ministerio pero incluso algunos quieren mayor presencia del Estado y otras menos. Acá de lo que se trata es de que no le roben al productor el valor que el productor reclama», recalcó el ministro.
Domínguez puso de esta forma sobre el tapete las diferencias que existen en el seno de la Comisión de Enlace en lo que respecta a la comercialización, ya que mientras la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas piden la liberación total de los cupos exportables, la Federación Agraria Argentina se pronunció a favor de la creación de una entidad similar a la que fue en su momento la Junta Nacional de Granos.
Para la cartera agropecuaria el problema está centrado hoy en los grandes compradores no están respetando el valor de referencia del trigo, denominado Fas Teórico, y que no existen denuncias concretas de parte de los productores para que las autoridades competentes puedan actuar en el tema.
De hecho, Solís comentó que «hasta el momento hubo una sola denuncia concreta referida a que los pequeños productores venden por debajo del valor y el ministerio tomó cartas en el asunto logrando que se le pague el 100 por 100 del total establecido».
Por otra parte, Domínguez no descartó la existencia de esta situación y en tal sentido recordó el anuncio de los créditos al sector anunciados ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en favor de los pequeños y medianos productores.
«Ahora no tienen que mal vender su cosecha, la pueden esperar e ir al Banco Nación», dijo Domínguez.
En relación al nivel de trabajo informal que existe en el sector, Tomada ofreció a las entidades realizar acciones en conjunto.
El titular de la cartera laboral señaló que las entidades «estuvieron de acuerdo (en trrabajar de manera conjunta), esperemos que así sea».
Para Tomada, en esta cuestión «la primera responsabilidad es la de los empresarios, luego le sigue la de los sindicatos y a eso se le suma el Estado».
En este sentido recordó que «desde el 2003 ha habido un cambio sustantivo en materia de fiscalización del trabajo no registrado».
Además se manifestó esperanzado en que el encuentro es un «buen punto de partida».
«Esperamos que las cámaras empresarias y la Mesa de Enlace una manifestación que condene las prácticas indebidas e ilegales y una actitud firme», dijo Tomada hizo extensivo la invitación a llevar adelante un trabajo conjunto a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la entidad sindical que representa a los empleados del sector.