Fernando Lugo fue destituido de la presidencia de Paraguay y reemplazado por el vicepresidente, Federico Franco, al cabo de un polémico proceso de juicio político considerado por varios países de la región como un golpe institucional. La UNASUR no reconoce al nuevo gobierno paraguayo. En tanto el gobernador argentino de Misiones, Maurice Closs, anunció que le hizo llegar a Lugo «un ofrecimiento de la hospitalidad misionera». Lugo es un amigo de Misiones y en reiteradas oportunidades estuvo de visita en la tierra colorada. Closs hizo informó del convite vía twitter. vale recordar que uno de los primeros funcionarios que tuvo un acercamiento años atrás con Lugo fue el Jefe de Gabinete de Misiones, Ricardo Escobar. Aún antes de que asumiera como presidente de Paraguay.
Lugo Una votación que terminó con 39 senadores a favor de la destitución y cuatro en contra, producto de la alianza de todas las fuerzas opositoras que pergeñaron el trámite parlamentario, determinó la salida del cargo de Lugo, después de 1376 días al frente del Palacio de López. En tanto el destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo, aceptó la decisión del Senado, que votó su destitución, aunque advirtió que en ese proceso fueron «transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa».
Lugo consideró que «fue el país, la historia paraguaya, la democracia, la que ha sido herida» con la decisión del Senado esta noche, durante un discurso brindado en la casa de Gobierno pocos minutos después de su destitución.
Una vez conocido el resultado de la sentencia, Lugo dio un mensaje en el que aceptó el fallo del Congreso «aunque la ley haya sido torcida» y llamó a que cualquier manifestación en las calles sea «pacífica», para que «la sangre de los justos no se derrame nunca más por causas mezquinas».
Por la noche del viernes Franco asumió la primera magistratura del país, y en su primer mensaje convocó a todos los paraguayos a hacer su aporte para que el país supere los «momentos difíciles» que atraviesa y se manifestó respetuoso de la Constitución y los tratados internacionales firmados por Paraguay.
No obstante, los cancilleres de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) adelantaron que analizarán la situación surgida tras el polémico proceso parlamentario, y el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que se niega a reconocer el nuevo gobierno paraguayo.
Ni las masivas manifestaciones de respaldo al ex obispo en las calles y rutas, ni los pronunciamientos de casi todos los presidentes de la región, ni tampoco la presencia de los cancilleres de la Unasur en Asunción pudieron torcer una decisión que pareció preparada desde mucho antes de la jornada de hoy.
Desde el mediodía del viernes se sucedieron a una velocidad inusitada -«un juicio express», había dicho Lugo por la mañana- la defensa de Lugo, la presentación y evaluación de pruebas, los alegatos de las partes y la sentencia.
Al ahora ex presidente se lo responsabilizó por la muerte de 17 personas -11 campesinos y 6 policías- durante el operativo de desalojo de una hacienda ocupada por sin tierras, en la localidad de Curuguaty, al noreste del país.
El documento acusatorio contenía sólo cinco argumentos contra el todavía jefe del Estado: la masacre de Curuguaty, una pasada reunión de jóvenes socialistas en la sede de las Fuerzas Armadas, la firma del protocolo de Ushuaia II, la inseguridad, y la promoción de las ocupaciones de tierras.
A la votación se llegó después de que los abogados de Lugo, que eligió no presentarse en persona ante el Senado, pidieron la nulidad del proceso, desestimaron los argumentos de la acusación, cuestionaron los plazos del mecanismo y denunciaron un virtual golpe de Estado legislativo.
En similares términos se expresaron bloques y organismos internacionales, que aunque admitieron que se siguió un mecanismo constitucional, advirtieron que se trató de un «golpe institucional».
En los 39 votos de la destitución se unieron las bancadas de los partidos Colorado, Liberal Radical Auténtico (PLRA) -ex aliado de Lugo- y Patria Querida y de la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace). Votaron a favor del cuestionado mandatario tres luguistas (Sixto Pereira, Carlos Filizzola y Alberto Grillón) y el liberal Luis Wagner Lezcano.
Casi en simultáneo con la difusión de la destitución, en las afueras del Congreso chocaron seguidores de Lugo y la policía, que reprimió con gases, chorros de agua y balas de goma la concentración contraria al proceso convocada por el Frente Guasú, la estructura más cercana al ahora ex presidente.
En la sede gubernamental, Lugo anunció que aceptaba el fallo del Congreso, aunque aclaró que en ese proceso fueron «transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa».
«No es Lugo, es la historia y la democracia paraguaya la que fue herida profundamente. Me despido como presidente, pero no como ciudadano. Voy a servir a esta nación allí donde me necesite. Lugo no responde a la claque política, ni a las mafias, ni al narcotráfico», remarcó Lugo, con su equipo de gestión como escolta.
Tras la sentencia, parte de la expectativa se trasladó hacia la actitud que podían adoptar los países integrantes de la Unasur, porque apenas dos horas antes el bloque había advertido que el juicio político representaba una «amenaza de ruptura del orden democrático».
Tras reunirse con Lugo primero y con Franco después, el grupo de cancilleres que viajó de urgencia a Asunción dio a conocer una declaración en la que advirtió que el mecanismo activado por el Congreso «podría ser comprendido» entre la ruptura del orden constitucional contemplado por los tratados del Mercosur, la Unasur y la Celac.
Tras la votación nominal, fue el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien alertó que la decisión del Congreso «tiene visos de golpe de Estado», por lo que los diplomáticos informarán a los respectivos presidentes del bloque sudamericano para que analicen los pasos a seguir.
Una postura también crítica adoptaron los países integrantes del Alba, que, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, equipararon el juicio político con un golpe de Estado.