Una de las normas sancionadas establece legislación en materia de Tasas y Aranceles de Justicia, mientras que la otra regula los depósitos judiciales. Las iniciativas fueron presentadas por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y fijan criterios para dotar de herramientas al Poder Judicial con miras al mejoramiento de los servicios al ciudadano.
La sanción de la primera de las normas instituye la «Tasa y Arancel Judicial por toda actuación y servicios que presten los tribunales y dependencias del Poder Judicial de la provincia de Misiones».
Apunta fundamentalmente a mejorar la calidad de los servicios de justicia y a su democratización, aportando a cubrir la demanda de gastos y recursos que implica el desarrollo de la actividad, a partir de una moderna legislación de actualización de tasas y aranceles vigentes.
De esta manera, la sanción de la ley pone de manifiesto una fuerte decisión política de la Renovación para dotar de unidad y certeza a la legislación aplicable en materia de Tasas de Justicia, actualmente reguladas en diferentes normas legales y reglamentarias que dificultan su manejo y su correcta interpretación y aplicación.
La iniciativa considera tasa judicial a la retribución por toda actuación judicial que implique decisión jurisdiccional, que se inicie y tramite ante los tribunales del Poder Judicial de la provincia de Misiones; mientras que define como arancel a toda prestación de servicio realizada por las dependencias ese Poder del estado.
Faculta al Superior Tribunal de Justicia (STJ) a incrementar hasta en un 50% la tasa judicial fijada por la ley, que actualmente es del 3%. La tasa se calcula sobre el valor del objeto litigioso que constituye la pretensión del obligado al pago.
Asimismo, permite al STJ a actualizar los aranceles fijados en el anexo único de la ley, de acuerdo con el índice correspondiente a la variación del salario mínimo, vital y móvil determinado por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Se consideraran exentas las actuaciones promovidas por los estados nacional, provincial y municipal; las promovidas por empleados u obreros con motivo de las reclamaciones derivadas de relaciones jurídicas vinculadas con el trabajo; las motivadas por jubilaciones, pensiones y devolución de aportes; ocasionadas con motivo de aclaraciones y rectificaciones de partidas del Registro Civil; las actuaciones correspondientes al otorgamiento de carta de pobreza; y las de quienes litiguen con carta de pobreza y que actúen con beneficio de litigar sin gastos; entre otras.
En el debate que se dio durante la sesión, Rovira manifestó que «el proyecto que estamos tratando rescata innumerables reuniones con todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y con buena parte de su cuerpo de magistrados, con quienes compartimos absolutamente esta necesidad».
Se refirió a la implementación del servicio de justicia en diversos países, como «Estados Unidos, donde para saludar a la ‘madre justicia’ hay que pagar 100 dólares de entrada para cualquier expediente».
«La iniciativa es coherente con la consecución de pequeños pero importantes pasos hacia adelante en todos los órdenes. No se puede hablar de apoyo a la Justicia solamente pretendiendo el aumento, en buena hora y ganado, del salario de sus empleados y magistrados, sin tener en cuenta las condiciones del crecimiento de infraestructura y edilicia, que a muchos no les gusta -en referencia al arco opositor- porque no han hecho nada en su vida, o simplemente porque cumplen el designio de algún mandamás político, que desde afuera le dice ‘mirá oponete, andá y decí tal cosa'», sentenció Rovira.
Finalmente, el autor destacó que «todo esto al ciudadano misionero le resulta gratis», y resaltó que «acá no se creó ningún tipo de impuesto, se le da una facultad dormida al Poder Judicial para ser más eficaz».
Depósitos Judiciales
También fue sancionada la iniciativa de Rovira que establece una Ley de Depósitos Judiciales, con el objetivo de «dar solución a diversas cuestiones relacionadas con la multiplicación de cuentas bancarias, debido al dinero que ingresa en ellas sin que luego se registren movimientos», según argumenta el autor en su propuesta.
Se pretende que sólo las cuentas de los expedientes con movimientos periódicos se mantengan como depósitos judiciales, pasando a caja de ahorros el saldo necesario para cubrir los encajes mínimos que aseguren la libre disponibilidad de los depósitos judiciales por parte de los magistrados intervinientes, y destinando el remanente a operaciones a plazo fijo, programados de manera que sus vencimientos permitan la libre disponibilidad del dinero. Los intereses de las inversiones mencionadas serán destinados a la Cuenta Fondo de Justicia.
La norma otorga al Superior Tribunal de Justicia facultades para establecer procedimientos administrativos y contables para la implementación, control y adopción de operatorias bancarias modernas y ágiles por medios electrónicos.
Se busca que todo depósito de dinero que deba efectuarse en actuaciones judiciales se realice en el banco que opere como agente financiero de la provincia de Misiones, en cuentas individualizadas, en comprobantes que contengan el libro y folio de la cuenta, el nombre del depositante, el tribunal o juzgado, secretaría, carátula del juicio con el número del expediente, la cantidad expresada en letras y números, la fecha, la firma del depositante y domicilio del mismo.
El STJ podrá destinar los saldos de los depósitos judiciales a operaciones que devenguen intereses consistentes en inversiones que presenten el mayor rendimiento y seguridad, con exclusión de los que correspondan a menores, incapaces y demás casos en que deban pagarse cuotas periódicas por plazos determinados, los que deben permanecer en sus cuentas de origen.
La sesión fue seguida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Roberto Uset y los ministros Froilan Zarza, Jorge Rojas y Ramona Velazquez, quienes se encontraban en el Recinto acompañando las iniciativas.