En la Cámara de Diputados de Misiones se presentó un informe sobre la deuda pública de la provincia: «historia de un ilícito de lesa economía» se titula el informe que presentó el diputado José Garzón Maceda. El análisis de la deuda de Misiones arranca desde 1983. «Hay uso ilegal de la deuda», dijo el legislador quien a su vez aseguró que «Se violó la Constitución con una ley para endeudar a Misiones. 2290 millones de deuda entre el 94 y 95 se tomaron así». El informe revela que del 92´ al 98´ fue el proceso de mayor endeudamiento de Misiones. La deuda en pesos creció 5293% entre 1998 y 1999. En ese marco fue anunciado por el presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, un proyecto de ley que buscará evitar futuros endeudamientos en la provincia.
Al ampliar su concepto sobre la «violación de la Constitución» por parte del modelo político de los 90´, Garzón Maceda dijo que «se pagó sueldos con créditos públicos cuando eso está prohibido constitucionalmente. Estos créditos hay que tomarlos cuando estamos fuertes no cuando estamos débiles».
Por su parte Rovira, Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia dijo: «Quiero felicitar al diputados Garzón Maceda por la presentación que hizo un tema que es considerado un tabú, hablar de los que significa de la deuda pública, participación de banca privada, extranjera en la vida del estado de las políticas públicas, es un tema esencial en 2011 un año globalizado, donde las naciones más fuertes del planeta están en crisis. Este tema que acabamos de analizar en profundidad, tengo que felicitar en este informe por el valor de síntesis y con el rigor de la verdad».
El legislador resaltó que «es obligación del sector político de involucrarse sobre todo las 3 décadas descriptas, la primera de los desastres inflacionarios, la imposibilidad de tener valores de la moneda, es el elemento que eligió la economía mundial, esa es una década de nada. La sieguiente es el tema del endeudamiento con la salida de la hiperinflación desembocó en otro grave error, creó un modelo que derribó la industria nacional, los misioneros tenemos el recuerdo más duro que el resto del país por nuestra condición de frontera, lo que consumíamos lo hacíamos cruzando los puentes, había que comprar en el exterior, no había economía nacional, esa época estuvo signada por la enajenación del partrimonio que había acumulado Misiones, con las privatizaciones como Papel Misionero, el Banco Provincia de Misiones, la entidad crediticia de fomento a manos privadas, el Instituto del Seguro y otras instituciones de menor rango pero no menos importantes desde el punto de vista social».
«Sistemáticamente como ha ocurrido se convirtió en una pesada carga que con las herramientas modernas explican que las necesidades de hoy en perfeccionamiento de pasar 3 o 4 décadas para adelante, significa que los valores financieros en el mundo sean 100 mil veces mayor que el PBI mundial ponga para producirlos. La crisis mundial no desaparecerá rápidamente, por la diferencia entre los valores de los bienes reales y los valores financieros, el que paga es la sociedad mundial».
Rovira explicó que «como contrapartida a políticas ejecutadas se están llevando adelante, con el Ministro de Economía y el Secretario de Haciendo con orden del gobernador, el recurso para hacer posible todo lo demás. Esto que parece académico está ocurriendo, hoy Misiones goza de solvencia fiscal, pero si tenemos el compromiso institucional como tenemos, no basta con señalar el error pasado, sino dejar institucionalizado por medio de una ley y actitudes como la del presente para que no vayamos para atrás, sino para adelante. El análisis constitucional moderno no da a las normas constitucionales carácter estático, para corregir los efectos financieros del primer mundo están llamando a modificar sus constituciones».
«Uno se debe comprometer a pagar en su mandato lo que pidió prestado, y no brindarle al siguiente mandato que se haga cargo de algo que él no lo hizo. El refinanciamiento de la misma deuda, son cargas incompatibles con la razonabilidad en el ámbito financiero, que la plata del pueblo no caiga en otro destino. Si analizamos los negocios de los gobernantes que crecieron mientras en el campo público esto no fue así. La exposición de hoy marca la solidez institucional, el compromiso del poder legislativo que devuelve esa meta de transparencia, control, análisis y de las conclusiones de una de las políticas más importantes que es la económica- tributaria, cumplir con la función de cuidar los intereses de los misioneros», concluyó el Ing. Carlos Rovira.
Mediante un trabajo metodológico – científico de investigación que refleja la génesis del endeudamiento provincial, la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública de la Cámara de Representantes presentó este martes un informe clave para entender los impactos económicos, sociales y políticos provocados por decisiones erróneas en materia de financiación del gasto público, marcando un daño patrimonial al Estado misionero alentado fundamentalmente por las maniobras fiscales con base en el pensamiento neoliberal de la década del 90.
Titulado «Historia de un ilícito de lesa economía». «Daño patrimonial generacional», el informe contrasta los diferentes modelos gubernamentales de política fiscal que se aplicaron en Misiones entre el 10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2009, con una mención especial al proceso de desendeudamiento que ha concluido en el año 2010 con la refinanciación del último tramo de la deuda con el gobierno nacional.
La Comisión presidida por el diputado José Garzón Maceda fue creada en mayo del 2005, con el objetivo de determinar el monto, origen, destino y aplicación de las operaciones de empréstito realizadas por el gobierno de la provincia. En el año 2006 se le agrega como función el análisis de todas las privatizaciones y en 2010 la Legislatura, por decisión de Carlos Rovira, prorroga la vigencia de la Comisión con miras a la finalización del proceso iniciado años atrás y la puesta en valor de la información recopilada con destino a ser socializada públicamente.
La redacción del informe final llevó más de 15 meses y para ello los legisladores analizaron documentación de Tesorería, Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Ministerio de Hacienda, Fiscalía de Estado y versiones taquigráficas, pues funcionarios de los organismos señalados acudieron en 2005 a la Comisión para dar explicaciones sobre la participación de cada área en el desarrollo de la deuda provincial. También fueron utilizados como antecedentes directos los informes que presentaran -entre otros- la actual vicegobernadora y ex diputada, Sandra Giménez.
El trabajo hecha luz sobre la política fiscal de tres periodos que terminan por definir la curva de crecimiento y reestructuración de la deuda en Misiones, con características particulares en el contexto provincial y nacional entre 1983 – 1990, 1991 – 1999, y 2000 – 2009.
De allí, el informe arroja que la década del ’80, atravesada por los gobiernos de Barrios Arrechea y Humada, se caracterizó por profundas fluctuaciones en el endeudamiento provincial debido no a la toma de nuevos empréstitos sino al impacto de la devaluación del peso argentino ante el dólar entre los años ’83 a ’87, como así también el rebrote del espiral inflacionario ante la flexibilización de medidas de congelamiento de tarifas y controles de precios impuesto por el Plan Austral a finales de la década.
La hiperinflación en el año ’89 llegó al 3.000 % anual provocando la entrega anticipada del gobierno, y en esa época Misiones termina perdiendo puntos de coparticipación en beneficio de Buenos Aires. Sumado a la recesión de principios de los ’90, a moneda actual la provincia habría dejado de recibir más de 13 mil millones de pesos.
Sin embargo, y de acuerdo a lo expuesto en la presentación, el impacto más grave a la economía se produce entrada la década del ’90. La aplicación de las políticas neoliberales orientadas a las privatizaciones de empresas de los distintos niveles del Estado, altos índices de desempleo, un grave déficit fiscal y un elevado endeudamiento público provincial (5293% a valores históricos y 4648% a valores constantes IPC 2008), poco a poco fueron delineando la situación de hambre que experimentaron miles de familias misioneras.
A estos datos se suman la existencia de diferentes decretos provinciales que permitieron la toma de créditos a corto plazo por un monto aproximado de $2.290.000.000, y que entre los años ’98 y ’99 el endeudamiento se vio afectado por la introducción de facultades delegadas al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos (Art. 34 y 35º de la Ley VII Nº31 – Antes Ley Nº3459).
En el informe se considera que las principales herramientas utilizadas para financiar la década de los ’90 fueron el endeudamiento, las privatizaciones y el achique del Estado con escasa participación de los tributos en el financiamiento. En tanto, se evidencia de que el momento de mayor endeudamiento de la historia de Misiones se dio particularmente entre los años ’95 a ’99, y fuertemente entre el ’98 y ’99, pues salir de Shopping a la plaza financiera a buscar dinero mediante el uso del crédito se había convertido en la herramienta política de moda para el ex gobernador Puerta.
El informe de la Comisión Investigadora también puso la mirada sobre la toma de créditos a corto plazo en los ’90 para hacer frente a gastos corrientes, acción que está explícitamente prohibida por la Constitución Provincial. Citan la Antes Ley 3216 del año ’95, donde se autoriza y luego se toma un crédito para pagar atrasos salariales e insumos por más de 40 millones de dólares.
En general en esa etapa gubernamental se pagaron altas tasas de interés, y en muchos casos se destaca que los fondos terminaron con destino incierto. En este sentido, en el trabajo se hace referencia a algunos ejemplos considerados «emblemáticos», entre ellos el crédito de 4.200.000 dólares para construir el edificio anexo de la Cámara de Representantes, abandonado durante años y finalmente terminado en 2010 por el actual presidente de la Legislatura, Rovira.
Otros ejemplos son el de los bonos CEMIS, que Puerta emitió para hacer frente a obligaciones del Estado; la emisión de los Bonos Senior y Juniors en 1999 por 100 millones de dólares; y créditos para pagar gastos corrientes como el autorizado por la Ley 3216 del año ’95 donde el objeto del crédito es 40 % para pagar compromisos vencidos en dólares por 16 millones, 30 % para pagar atrasos salariales por 12 millones, y 30% con destino a comedores y hospitales por otros 12 millones más.
Garzón Maceda señaló que «se tomaban créditos a la mañana para devolverlos a la tarde, en un verdadero caos financiero», y sostiene que entre «1998 y 1999 se termina de ejecutar la obra maquiavélica del endeudamiento de los ’90».
Esta es la metáfora utilizada en el informe, que haciendo referencia a la emblemática obra de Nicolás Maquiavelo pone en el lugar del «príncipe» al Poder Ejecutivo a cargo de Ramón Puerta y al Poder Legislativo en la figura de «princesa». De esta manera, se describe el origen de los superpoderes otorgados por la Cámara de Representantes al Poder Ejecutivo mediante los Art. 34 y 35 de la Ley VII Nº31 (antes Ley Nº3459) de Presupuesto Bianual 1998 – 1999.
Así, el Ejecutivo quedó autorizado a contraer créditos por decreto, permitiéndole el uso indiscriminado de este recurso y violando lo estipulado por el Art. 6 de la Constitución Provincial que plantea que «ningún magistrado o funcionario podrá delegar sus funciones en otra persona ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales (…)».
El proceso de reestructuración y desendeudamiento, según el análisis de la Comisión, tuvo lugar fundamentalmente durante los gobiernos renovadores de Carlos Rovira, en primer término, y continuando con ese modelo económico el actual gobernador Maurice Closs.
La década del 2000 se caracterizó por la pesificación del endeudamiento público tanto nacional como provincial, con aplicación del CER (2002) y la implementación de Programas como el PFO y la Ley de Responsabilidad Fiscal, orientados a la reestructuración de los compromisos y préstamos «heredados» del gobierno de la década anterior. Esto, sumado a la aplicación de políticas fiscales apropiadas, permitió a la provincia el ordenamiento financiero que desembocó en la firma del desendeudamiento en el año 2010.
En el documento redactado se puntualiza que la década del 2000 fue marcada por un cambio en el modelo fiscal, con fuerte participación del organismo fiscal de la provincia en el aporte de recursos para financiar las erogaciones, una escasa utilización del crédito público y nulas privatizaciones.
El Stock de la deuda provincial al 31 de mayo del 2010 era de 3578 millones de pesos. A modo de ejemplo, para graficar una de las caras del impacto de la deuda pública, Garzón Maceda precisó que el monto de 3.578 millones que tenía Misiones antes de la firma con Nación para el desendeudamiento, equivale a 1500 Km de ruta asfaltada, 22.300 casas del IPRODHA que cubriría la necesidad de aproximadamente 110.000 misioneros, 12.000 ambulancias, 22.000 patrulleros, 30.000 comisarías, entre 350 y 500 nuevas escuelas, 6.000 CAPS, 11 años del presupuesto del Poder Judicial, 6 años del presupuesto de Salud Pública, y 8 años del presupuesto del Ministerio del Agro y la Producción.