El gobierno español del conservador Mariano Rajoy anunció otro tramo del profundo ajuste que impondrá a su economía al comunicar el congelamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que provocó el rechazo inmediato de las grandes centrales obreras.
La medida supondrá una pérdida de poder adquisitivo de 641,4 euros mensuales para aquellos ciudadanos que cobren el mínimo legal, en momentos en que la inflación de noviembre registró una suba interanual del 2,9% respecto al mismo mes del pasado año.
El anuncio se conoce un día después de que el flamante ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, anunciara que el gobierno aprobará el próximo viernes un decreto ley con un primer recorte del gasto público de alrededor de 4.000 millones de euros.
En esa oportunidad, De Guindos insistió en los malos augurios expresados el día anterior sobre la marcha de la economía y advirtió que el cuarto trimestre de este año será «muy, muy duro», tras explicar que el ajuste se enmarca en el objetivo global de reducir el gasto público de 16.500 millones de euros en 2012.
El congelamiento del SMI se produce a pesar de que las dos principales centrales sindicales -Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)- enviaron a mediados de este mes una carta al entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que el salario mínimo recuperara el poder adquisitivo perdido en 2010 y 2011 y lo mantuviera en 2012.
En la misiva, los sindicatos denunciaban que el SMI perdió poder real de compra por el «fuerte aumento» de la inflación y el «moderado incremento nominal» de este suelo salarial.
Según los cálculos de CCOO y UGT, el SMI es percibido por unos 183.000 trabajadores, informó la agencia de noticias Europa Press.
Consecuentemente, pocas horas después de conocida la resolución, UGT y CCOO enviaron una nueva carta al gobierno en la que rechazaron la congelación que supone una nueva caída real del SMI y una mayor pérdida de su capacidad de compra, informó la agencia de noticias DPA.
La misiva, firmada por los secretarios generales de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, fue remitida esta vez a la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez.
En el texto, recordaron que el SMI fue perdiendo peso respecto al salario medio a partir de 2007, fecha en la que alcanzó su mayor peso relativo (41,5%), punto a partir del cual cayó progresivamente hasta el 41% en 2010 y 2011.
Los sindicatos sostuvieron que la crisis económica «no puede servir como excusa para desistir en el objetivo de alcanzar un salario mínimo del 60% del salario medio».
También el ex ministro de Trabajo y diputado socialista Valeriano Gómez -destinatario de la primera misiva de las centrales obreras- consideró este miércoles «regresiva» e «injusta» la decisión del Gobierno conservador.
Según Gómez -que dirigió la cartera de Trabajo durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero-, esta es «la primera vez en la historia de España» que un gobierno democrático congela el SMI, sobre cuya cuantía señala que «no es -ni mucho menos- excesiva».
El ex ministro consideró que hay margen «suficiente» para aumentarlo «progresivamente y con moderación» y recordó que el SMI cumple una función de «piso salarial».
España sufre desde 2008 una profunda crisis económica que disparó la cifra de desempleados a casi cinco millones de personas, el 21,52% de la población activa.
De Guindos trazó esta semana un sombrío panorama esta semana al vaticinar que prevé una recaída de la economía en el último trimestre de este año y en el primero del próximo, lo que implicará caer en una nueva recesión.