Como una contracara, el gobierno de Tabaré Vázquez, autorizó mediante un decreto al Ministerio del Interior a «requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos” para liberar el espacio público.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, firmó esta semana un decreto que prohíbe las protestas mediante piquetes con cortes de calles o rutas. Para ello, facultó al ministerio del Interior a adoptar las medidas necesarias para despejarlas.
El decreto emitido por el Ejecutivo sostiene la necesidad de «preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza».
En tanto, el segundo artículo del decreto señala que “la intervención de la autoridad policial a los efectos indicados en el artículo anterior se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”.
El decreto especifica que no será aplicado de manera tal que contradiga lo establecido en el artículo 57 de la Constitución, que establece que la huelga es un derecho gremial.
Contexto
La decisión de Tabaré Vázquez, sobre los piquetes, llega en el momento en que la Argentina se está debatiendo fuertemente acerca del tema. Nuestro país está viviendo uno de los momentos más tensos con los docentes de los últimos años: la movilización, del miércoles, de más de 400 mil personas es prueba de ello y el bloque Peronismo para la Victoria, que responde al Movimiento Evita, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para “proteger” el derecho a la protesta social, donde buscan “amnistía general para todos los imputados en causas vinculadas con la protesta social”.
Esto se da como respuesta a la presión de diferentes sectores, políticos o mediáticos, que reclaman “controlar” estas formas de protestas. El periodista Luis Novaresio, en una nota de opinión titulada “Los piquetes han triunfado” escribió este domingo: “En Argentina cortar una calle es algo correcto para el imaginario popular. Mientras tanto, autoridades administrativas y judiciales incumplen la ley y no garantizan el libre tránsito.”
Por otro lado, también el último fin de semana, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al rol que deben asumir las fuerzas de seguridad a la hora de garantizar el libre tránsito en el marco de reclamos sociales. «Nosotros vemos un intento permanente de grupos políticos, de gente que dicen ser organizaciones sociales, que lo que hacen es estar permanentemente en la calle» dijo.
Y agregó «Vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos», advirtió la ministra en diálogo con La Cornisa por América TV.
