La protesta que realizan efectivos de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional, derivó en el desplazamiento de la cúpula de ambas fuerzas. Al mando de la Gendarmería fue designado el misionero Enrique Zach, mientras que al frente de la fuerza que custodia las aguas, quedó Luis Alberto Heiler. Zach, es hijo de un colono de Leandro N Alem y cursó sus estudios en la escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento. También llegó a ser comandante de la Agrupación IV Misiones. Durante su gestión, que culminó en 2008, su balance fue que «incautamos la mayor cantidad de marihuana en lo que va de la historia de la Gendarmería en Misiones».
La ministra de Seguridad anunció que se determinó «el pase a retiro» de 10 prefectos generales de la Prefectura Naval y 10 comandantes generales de la Gendarmería.
«Con lo cual queda normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad», concluyó Garré en su contacto con los medios desde el edificio Centinela.
El Ministerio de Seguridad designó como nuevo Subjefe de la Gendarmería, en tanto, al comandante general Carlos José Pereyra, en reemplazo de Juan Obdulio Sainz.
En la Prefectura Naval, el subjefe de la fuerza hasta la fecha, Enrique Cingolani, será reemplazado por el prefecto general Andrés Manuel Monzón, según se informó a través de un comunicado.
La protesta que se inició en Buenos Aires por los recortes en los salarios motivados por una resolución de la Corte Suprema que puso fin a una serie de adicionales, se replicó también en Misiones.
Miembros de la Prefectura Naval Argentina, y de Gendarmería, en actividad y retirados, se sumaron ayer en Posadas a la manifestación que encabezan integrantes de esta fuerza en Capital Federal, y otras ciudades del país, en protesta a la aplicación del Decreto 1307/12 que modificó los salarios de la mayoría de los prefecturianos.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó que la aplicación del decreto 1307 que hizo la Prefectura para la liquidación de haberes fue «desastrosa» y anunció que de ahora en más esa tarea la hará el Ministerio de Seguridad.
El jefe de Gabinete anunció la decisión del gobierno nacional de que el personal de Gendarmería cobre «exactamente el mismo salario que el mes pasado».
En tanto, en el caso de la Prefectura, consignó que se realizará «por única vez un pago compensatorio de los agentes que cobren 12.500 pesos o menos para que cobren exactamente lo mismo que el mes anterior».
Además, garantizó que el gobierno nacional inició una «investigación interna y externa» para determinar «quiénes fueron los responsables de todo esto», en relación al conflicto planteado por la implementación de un decreto que buscó reordenar los salarios de esas fuerzas de seguridad, y señaló que durante este mes se trabajará en la «correcta implementación» de esta norma.
«No sabemos si fue un problema administrativo o tenemos serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo, como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios», dijo Abal Medina en Casa de Gobierno.
El funcionario anunció que se decidió que «las fuerzas no se autoliquiden sus salarios y en los próximos días, el ministerio de Seguridad -con asistencia del ministerio de Economía- liquidará los salarios de Gendarmería y Prefectura».
El decreto adecuó los salarios al fallo de la Corte y puso fin a sueldos de entre 30.000, 70.000 y 100.000 pesos por mes, que se generaron merced a cautelares otorgadas por jueces a los uniformados que litigaron contra el Estado. Pero supuestamente el recorte era sólo para quienes ganaban esas sumas, por lo que se sospecha que hubo irregularidades en las liquidaciones de los efectivos de menor rango.
La protesta que comenzó pasadas las 14 en la sede de Prefectura Alto Paraná, ubicada en la esquina de San Martín y Junín de la capital provincial, congregó a poco más de 150 manifestantes y entre los que se encontraban también manifestando su solidaridas gendarmes retirados de Misiones.
El vocero de los manifestantes, el ayudante principal Miguel Ángel Mazo, de Prefectura Zona Alto Paraná reafirmó el apoyo a los camaradas que llevan adelante la protesta en Buenos Aires. «El reclamo que llevan adelante es justo, el sueldo no alcanza y con esta quita salarial menos», dijo Mazo.
Afirmó que estarán en protesta «hasta que se arregle el salario» y aseguró que «la totalidad de los prefecturianos se vieron afectados por la aplicación del Decreto 1307».
Por otra parte, el Gobierno Nacional anunció ayer que le dará al personal de la Prefectura Naval Argentina «un pago compensatorio» y por «única vez» a los agentes «que cobren menos de 12.500 pesos», lo que alcanza al «90 por ciento» de la fuerza, y garantizó que la Gendarmería percibirá sus haberes sin descuentos entre hoy y el viernes.
Diputados representantes de distintos partidos políticos instaron a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras «a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas».
Los diputados nacionales hicieron referencia a la protesta que realizan efectivos de Prefectura a través de un documento conjunto elaborado por diputados de diferentes bloques, durante una reunión que mantuvieron esta tarde en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
El texto está firmado por el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, María Teresa García y Juliana Di Tullio, del FPV; Ricardo Gil Lavedra (UCR); Carlos Heller (Nuevo Encuentro); Alicia Ciciliani, Victoria Donda y Juan Carlos Zabalza (FAP).
También suscribieron el documento los diputados Federico Pinedo (PRO); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Norma Abdala de Matarazo (Frente Cívico por Santiago); Alfonso Prat Gay (Coalición Civica) y Patricia Bullrich (Unión por Todos).
«Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos, instamos a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional», sostiene el texto.
Organismos de derechos humanos alertaron «sobre el oportunismo de sectores que buscan desestabilizar el orden democrático», en una conferencia de prensa que brindaron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de las protestas de fuerzas de seguridad.
En un documento conjunto que leyó la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, los organismos dijeron que el reclamo salarial es «justo y legítimo» pero «está siendo aprovechado», aun después de haber sido «resuelto por la presidenta» Cristina Fernández de Kirchner.
«No debemos perder de vista antecedentes recientes de intentos desestabilizadores en países vecinos como Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay que en algunos casos lograron su objetivo», leyeron.
«Nosotros respaldamos la democracia y les pedimos a las fuerzas de seguridad que regresen a sus lugares de trabajo y normalicen sus actividades para que no se repitan historias pasadas en este país pero bastante presentes en algunos países latinoamericanos», señaló el texto de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, H.I.J.O.S., Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y el CELS.
En representación del CELS, Horacio Verbitsky aseguró que «esta situación comenzó por un reclamo que modificó escalas salariales de las fuerzas de seguridad, esa situación fue respondida por el gobierno nacional suspendiendo el decreto que lo establecía».
«Por estas razones, creemos que no hay motivación racional y objetiva para cualquier apartamiento de la legalidad», aseveró Verbitsky.
Por otra parte, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, allí presente expresó que «acompañamos a los organismos de Derechos Humanos porque los trabajadores sabemos lo que es el quiebre del orden institucional y vamos a defender la continuidad de este gobierno y del proceso democrático».
Yasky, también resaltó que el conflicto salarial había sido atendido por el gobierno nacional y aseguró que, «nadie tiene la potestad para decidir cuánto dura un gobierno porque son los pueblos los que tienen la última palabra y eso es lo que defendemos como trabajadores».
Entre los presentes, estuvieron los diputados nacionales Remo Carlotto y Horacio Pietragalla; el abogado de Abuelas, Alan Iud; la nieta recuperada Victoria Montenegro; Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S; y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Política, entre otros.
Luego de la lectura del documento, Estela de Carlotto, en diálogo con la prensa, afirmó que, «esto es para que sepan que no estamos dormidos, hay una acción, que demuestra la unidad de un pueblo que quiere que se respete el proceso democrático».
«No hay que poner miedo en la población, no hay que repetir historias, nunca hubo tanta libertad de prensa como ahora, hubo una marcha opositora al gobierno en estos días y no hubo represión, entonces queremos reafirmar que defenderemos la democracia con uñas y dientes, sin armas, ni violencia, con el corazón pero bien caliente», destacó.
En este sentido, Vertbisky aseguró que «hay sectores reducidos que están interesados en el quiebre de la legalidad para que no se cumpla con la legislación vigente en el país y los organismos de derechos humanos queremos alertar sobre esa situación».
El representante de H.I.J.O.S, Pisoni, en diálogo con Télam, destacó que «están latentes los golpes a la institucionalidad en Latinoamérica, y queremos llamar a la población a estar alertas para defender este sistema democrático que tanta sangre costó», concluyó.