Juan Martínez, querellante del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones hizo saber que el médico Guillermo Roque Mendoza y Carlos Pombo, ex agente de «Informaciones», cumplen prisión en la cárcel federal de Candelaria. Al tiempo que daba cuenta que la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la casación pedida por la cartera humanitaria misionera contra el fallo absolutorio que benefició a Mendoza y a la de Pombo, por un crimen por el que ya habían sido condenados los ex militares Carlos Caggiano Tedesco y Juan Beltrameti.
Martínez observó la contradicción en que incurre el tribunal que actuó en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en Posadas. Pero al mismo tiempo destacó que «esto demuestra, también, la imparcialidad con que actúa la Justicia. Es decir los fallos corresponden a los criterios de los jueces. Días atrás hemos tenido parecidos fallos en Mar del Plata y Necochea. Fallos que también fueron apelados y ahora deberán ser resueltos por la Casación».
El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a cuatro acusados en un juicio oral que se realizó en Misiones por crímenes de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención, que funcionaron en esa provincia durante el último gobierno militar.
Los jueces Rubén Quiñones, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez condenaron a Felipe Giménez a 21 años y seis meses de prisión, a Carlos Herrero a 20 años y a Carlos Alberto Pombo y Julio Argentino Amarilla a 7 años. En tanto, absolvieron a Guillermo Roque Mendoza.
Las condenas a Giménez y Herrero fueron por privación ilegal de libertad e imposición de tormentos, mientras que a Pombo y Amarilla les imputaron este último delito.
El tribunal además dispuso la prórroga de la prisión preventiva que vienen cumpliendo los condenados, quienes permanecerán alojados en la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal.
También la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de su representante legal Rafael Pereyra Pigerl, interpuso dos recursos de casación en los que se solicitaron se declare la nulidad de la sentencia que absolvió de culpa y cargo al médico Guillermo Roque Mendoza, y se rectifique el fallo con el aumento de la pena prescripta para los demás involucrados en la causa 87/10, que dilucidó ante la Justicia Federal la actuación de miembros de la policía provincial en el secuestro y torturas contra 42 víctimas de la dictadura en el ámbito del Departamento de Informaciones.
Al banquillo fueron llevados, Julio Argentino Amarilla, Carlos Pombo, el galeno Guillermo Mendoza, Felipe Giménez y Carlos Herrero.
Para el organismo nacional, el Tribunal Oral Federal que juzgó a los ex policías «impuso penas que no se adecuan a la gravedad de las acciones disvaliosas que han cometido los condenados, atento a las características de los hechos probados en la causa, como a la calidad de funcionarios que estos detentaban, lo que agrava el comportamiento, y por lo tanto esto debió estar reflejado en la respuesta punitiva del Tribunal» señaló el escrito de casación. Agregó que «ello es de notoriedad manifiesta, ya que tanto en el caso de Julio Amarilla como en el de Carlos Pombo se trata de penas irrisorias, rayanas en el mínimo de pena previsto para cada uno de los delitos objeto de condena, a pesar de la multiplicidad de delitos por los que fueron condenados (37 en el caso de Amarilla y 9 en el caso de Pombo)».
En relación a Guillermo Mendoza, el escrito de la querella resalta que «está probado el ataque sistemático ejecutado por un grupo de tareas, y que fue integrado por Mendoza. Surge de los propios fundamentos de la sentencia, y de los testimonios de (los detenidos y víctimas) Graciela Franzen y Ruben Salinas, que fueron corroborados en plenitud por otros testigos del proceso (…) que refieren la participación médica en las torturas, con la misma particularidad de dictaminar hasta cuando se podía torturar, pero refiriendo a otros médicos cuya conducta no es motivo de juzgamiento en el presente proceso. No obstante, tales testimonios son referenciales y corroborantes de las modalidades de la tortura sistemática y de la participación médica».
Pereyra Pigerl señaló al respecto de los recursos presentados el jueves 30 de agosto, que «estamos cumpliendo un compromiso jurídico, legal y moral con las víctimas que declararon y expusieron dolorosamente el tormento al cual fueron sometidas» y agregó que «al coraje que han demostrado al compartir el capítulo más negro de sus vidas, se suma su honestidad y la búsqueda de justicia que los anima. Nuestro compromiso entonces no es solo con la búsqueda de la verdad, sino también con la búsqueda de justicia, y esto último sólo se logrará con sentencias que estén acordes con los delitos cometidos».