El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron que alcanzaron el primer acuerdo en el diálogo que llevan adelante desde noviembre pasado en La Habana, en procura de sellar un compromiso de paz que ponga fin al prolongado conflicto armado. «Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto» de los cinco que conforman la agenda de las conversaciones, el que se refiere a la política rural y era considerado como el más complejo de los cinco, dijeron las partes en un comunicado conjunto divulgado esta tarde, informaron las agencias noticiosas ANSA, DPA y EFE.
«Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural de Colombia», aseguró el jefe de los representantes del gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle.
«Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final», dijo el número dos de las FARC y líder de la delegación en La Habana, Luciano Marín, alias Iván Márquez.
Ambas partes subrayaron que el acuerdo será definitivo sólo cuando hayan finalizado con éxito los restantes temas de la agenda. «No hay aplicación parcial de los acuerdos», remarcó De la Calle.
Las partes emitieron un comunicado conjunto y De la Calle y Márquez hicieron declaraciones pero no permitieron preguntas de los periodistas, por lo que no trascendieron mayores detalles del acuerdo ni de las «salvedades» planteadas por el grupo guerrillero.
No obstante, De la Calle indicó que el acuerdo está centrado «en la gente, en la economía campesina, el desarrollo territorial, el impulso de la infraestructura rural y el fomento de políticas sociales», entre otros aspectos.
El acuerdo está centrado en la gente, en la economía campesina, el desarrollo territorial, el impulso de la infraestructura rural y el fomento de políticas sociales»
También tiene en cuenta a los desplazados y a los que sufrieron el despojo de tierras, pone énfasis en la presencia del Estado en todas las zonas rurales y conlleva un «ambicioso» programa de adjudicación y formalización de la tierra.
«Todo esto se hará con pleno respeto por la propiedad privada y el estado de derecho», de modo que «los propietarios legales nada tienen que temer», resaltó De la Calle.
El exvicepresidente aseguró que se trata de «un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano, que puede darse en el escenario del fin del conflicto».
Añadió que el acuerdo alcanzado «supera la visión tradicional de una reforma agraria y pretende crear cambios reales para cerrar la brecha entre el país rural y el urbano».
«Una vez tengamos ese documento final, y ojalá que así ocurra, será sometido a la ratificación de los ciudadanos, por medio de un mecanismo de refrendación popular; serán los colombianos, en última instancia, los que digan si quieren o no este acuerdo», manifestó De la Calle.
En tanto, Márquez sostuvo que «las reivindicaciones más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas fueron bandera» de las FARC durante las negociaciones y reconoció que se está «abriendo una brecha para que el pueblo actúe».
El jefe guerrillero alertó contra «la inclemencia de medidas y políticas económicas» que puedan entregar el territorio a «la voracidad» de grandes propietarios y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se siga profundizando «la desigualdad» y sigan «cayendo compatriotas, de lado y lado», a causa del conflicto armado.
Asimismo, calificó como «trascendental» el siguiente tema de la agenda del diálogo, que se refiere a la inserción de los guerrilleros en la vida política de Colombia una vez que se alcance la paz.
Márquez expresó que a las FARC les preocupa «la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que sólo favorecen al egoísmo», así como «una suerte de macrocriminalidad, en la que reinan la corrupción y la impunidad, que se ha apoderado del Estado colombiano».
«Todos estos son elementos que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra», advirtió, y reclamó que el «esfuerzo colectivo» por la paz sea compensado con un acuerdo «justo y vinculante» rubricado por una asamblea constituyente que «funde la reconciliación a perpetuidad».