El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presidió esta tarde la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en la que se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”. NO HAY FECHA DE REGRESO A CLASES. Con la participación de ministras y ministros de educación de las 24 jurisdicciones, esta resolución que fija los lineamientos obligatorios marco y recomendaciones generales, que le permitirá a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborar planes progresivos y acorde a sus particularidades que garanticen un retorno seguro a los establecimientos en el momento en que la situación epidemiológica lo permita. (AL FINAL DEL ARTÍCULO, ENLACE PARA BAJAR EL PROTOCOLO COMPLETO EN PDF)
El titular de la cartera educativa nacional, sostuvo: “Esta reunión es parte de la estrategia conjunta que venimos transitando para poder proyectar un regreso seguro a las aulas, priorizando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa. La realidad de la circulación del COVID-19 en el país es muy diversa, por eso sostenemos la importancia de la construcción de consensos ayudando a contener y derribar los lógicos temores que pueden tener nuestras familias, docentes y estudiantes”.
A su vez, Trotta se refirió a los próximos pasos que se llevarán adelante: “Partimos de una base, como señala el DNU, relacionada a la situación de la circulación del virus; luego, la preparación de las escuelas, garantizar la seguridad e higiene. También, tenemos la obligación de avanzar en las instancias de formación y capacitación del personal docente y no docente de cara a la vuelta a las escuelas, al mismo tiempo que prepararemos a nuestras y nuestros estudiantes y familias para la nueva normalidad de las aulas”.
El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.
La reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas de cada región y la asistencia será alternada por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal”. Para ello, resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa.
Cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. El mismo deberá contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativas y sanitarias de cada jurisdicción.
Votó afirmativamente la totalidad de los integrantes del CFE, los ministros y ministras de Educación de las 24 jurisdicciones del país: María Agustina Vila (Provincia de Buenos Aires); Francisco Gordillo (Catamarca); Luis Bullrich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Daniela Torrente (Chaco); María Florencia Peralta (Chubut); Walter Grahovac (Córdoba); Susana Benitez (Corrientes); Martín Müller (Entre Ríos); Alberto Zorrilla (Formosa); Isolda Calsina (Jujuy); Pablo Daniel Maccione (La Pampa); Ariel Martínez (La Rioja); José Manuel Thomas (Mendoza); Miguel Sedoff (Misiones); Cristina Storioni (Neuquén); María de las Mercedes Jara Tracchia (Río Negro); Matías Cánepa (Salta); Felipe de los Ríos (San Juan); Pablo Andrés Dermechkoff (San Luis); María Cecilia Velázquez (Santa Cruz); Adriana Cantero Llanes (Santa Fe); Mariela Nassif (Santiago del Estero); Analía Cubino (Tierra del Fuego) y Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán). También, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Delfina Veiravé y Rodolfo Tecchi; y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), representados por Rodolfo De Vincenzi y Julián Rodríguez.
Estuvieron presentes en la reunión, la secretaria de Educación, Adriana Puiggrós; el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentili; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; el jefe de Gabinete, Matías Novoa Haidar; la asesora, Graciela Frigerio; la directora Ejecutiva del INFoD, Mercedes Leal; el director Ejecutivo del INET, Diego Golombek y la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Diaz. Además, estuvieron presentes por parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Stella Maris Olalla; y por parte de la Honorable Cámara de Diputados, Hugo Yasky y Victoria Morales Gorleri; y los representantes de los sindicatos docentes: Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López y Juan Monserrat (CTERA), Marina Jaureguiberry (SADOP), Roque Yadala (UDA), Rubén blanco (AMET) y José Gea (CEA).
El protocolo prevé exigir a los establecimientos educativos una readecuación previa de las instalaciones y de capacitación de todo el personal. Así, deberán asegurar acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables, alcohol en gel o líquido al 70°, en todas las instalaciones.
- Además, será fundamental la adecuación de las aulas y espacios comunes para lograr el distanciamiento físico necesario. Esta idea se conoce como aula “burbuja”, donde se sientan, en forma de cruz, ocho estudiantes, separados por una distancia mínima de 1,5 metros.
- También se propone que las escuelas diseñen un esquema de grupos aúlicos integrado por niños de similares barrios y que, a su vez, se trabaje sobre el control y detección de vacunación y enfermedades de los alumnos.
- Será obligatorio desde los primeros grados el uso de tapabocas casero que cubra boca, nariz y mentón. No así para jardines de infantes.
- Otro de los grandes desafíos que plantea la vuelta a clases es el uso del transporte público. Cada distrito deberá desarrollar un plan de transporte que garantice una mayor frecuencia de colectivos para evitar las aglomeraciones en la hora pico.
- Sin embargo, la nueva normalidad en la que ingresará el sistema educativo también plantea que aquellos docentes o alumnos que presenten patologías previas o de base puedan continuar con sus tareas de manera virtual. Mientras que en caso de registrarse un caso positivo de Covid-19 o ante la sospecha de uno, se suspenderán las clases por un día para realizar desinfección exhaustiva del establecimiento.
- Tampoco se podrán realizar eventos o reuniones dentro de los colegios.
- Las instituciones asumirán formatos distintos que se caracterizarán por articular lo presencial con lo no presencial, abriendo el camino para el desarrollo de una “bimodalidad” que pueda dar respuesta a los requerimientos de las trayectorias educativas.
Uno de los aspectos que destaca el protocolo tiene que ver con “evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento” y además piden “no compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales”.
Al mismo tiempo, recomiendan evitar “contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros” y destacan la necesidad de “establecer protocolos o recomendaciones especiales para personas con discapacidad y sus acompañantes”. Por otro lado, mantienen las exención de asistencia al trabajo para aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.