La ficción del «crédito» libertario
La resolución 62/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece un procedimiento que fuerza a todos los organismos y empresas públicas a informar sus movimientos financieros para que sus excedentes de caja sean invertidos en títulos soberanos. Esta medida no es un síntoma de fortaleza, sino de una profunda necesidad de pesos que el mercado no está dispuesto a entregar voluntariamente sin un costo exorbitante.
Mientras los voceros «libertarios» celebran una supuesta vuelta al crédito, la verdad es que el Ejecutivo se auto-financia a la fuerza, absorbiendo fondos que, en otras circunstancias, podrían destinarse a inversión, infraestructura o el funcionamiento normal de las entidades estatales. Este es un crédito forzado, no el resultado de la confianza o la estabilidad económica que tanto proclaman.
Tasas insostenibles y la presión de los bancos
La desesperación por absorber pesos se hizo evidente en la reciente licitación de bonos. Para renovar $11.8 billones, en medio de la eliminación de las LEFI, el Ministerio de Economía tuvo que convalidar tasas de interés alarmantemente altas. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se defendía en redes sociales diciendo «No queremos que sobren pesos en el mercado», la realidad es que la presión de los bancos llevó a pagar tasas de hasta el 65% anual.
Este porcentaje es escandaloso, sobre todo cuando la inflación esperada se sitúa por debajo del 20%. Incluso en la letra corta a mediados de junio, se pagó un 4,25% mensual con una inflación que no superaría el 2%. Esto genera un margen de ganancia desproporcionado para quienes aceptan el riesgo, a costa de un costo fiscal brutal para el Estado y, en última instancia, para todos los argentinos.
Un camino de riesgo extremo
La estrategia de Luis Caputo, con el aval de la presidencia ultraderechista de Milei, es una huida hacia adelante. Al forzar a los organismos públicos a ser los principales compradores de la deuda, el Gobierno está agotando sus propias fuentes internas de liquidez y, potencialmente, comprometiendo la operatividad futura de estas entidades. Esto no es solo una medida financiera; es una medida de alto riesgo que tensa al máximo las costuras del sistema, dejando a la economía argentina al borde de una ruptura que podría tener consecuencias devastadoras. La promesa del «crédito» se desvanece, revelando una cruda realidad de auto-canibalización financiera.
La presidenta del CGE, Daniela López, informó que se ha arbitrado un sumario administrativo para iniciar una investigación sumaria contra Buckmayer, y se ha dispuesto su separación preventiva del cargo. López enfatizó la gravedad del caso, señalando que las faltas de esta magnitud conllevan «sanciones extremadamente severas». Subrayó la celeridad con la que el CGE actuará, basándose en la normativa vigente. La presidenta del CGE, con más de 30 años de docencia, lamentó profundamente que una educadora reivindique hechos tan aterradores vividos durante la dictadura, manifestando que «le queda muy grande el título docente».
Lejos de una retractación genuina, Patricia Buckmayer redobló la agresión, victimizándose y acusando a la municipalidad de Montecarlo y al Ejecutivo Provincial de «gobiernos de facto» y de querer «callarla».
