La adjudicación, tramitada bajo la modalidad de contratación directa, benefició a la firma OTOBA S.A., única oferente en un proceso que el propio Sturzenegger firmó el pasado 30 de noviembre de 2025. Cada uno de los pisos en el edificio de Roque Sáenz Peña 788 representa un gasto de 15 millones de pesos mensuales, cifra que equivale a unos 10.000 dólares por nivel de oficinas según los valores de referencia del expediente. Este despliegue de fondos ocurre en un contexto de ajuste brutal sobre los ingresos populares, dejando al descubierto una doble vara ética: se exige sacrificio a la ciudadanía y se publicitan recortes en otras áreas, como la Secretaría de Trabajo de Sandra Pettovello, mientras Sturzenegger formaliza erogaciones millonarias en plena city porteña.
La contradicción se vuelve aún más cínica al observar que el pliego de condiciones excluye deliberadamente las expensas ordinarias del canon mensual, lo que significa que el costo real para el Estado será significativamente mayor a los 720 millones pactados. Esta opacidad en los números finales es una marca registrada de una gestión que, bajo el paraguas de la desregulación, parece haber encontrado el mecanismo ideal para esquivar los controles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Mientras el plan «Alquiler Cero» se utiliza como bandera de marketing político para mostrar recortes de cocheras en ministerios de menor peso, Sturzenegger se asegura una sede operativa de lujo con todos los gastos cubiertos por los contribuyentes.
Este nuevo escándalo de gasto público se suma a una serie de polémicas que rodean al entorno íntimo del ministro y que erosionan el relato oficial de transparencia. Recientemente, Sturzenegger quedó bajo fuego cruzado tras conocerse la adjudicación de un contrato de Cancillería para capacitaciones de inglés a la asociación que dirige su propia esposa, María Josefina Rouillet. Este patrón de comportamiento, donde los intereses personales y la comodidad jerárquica priman sobre la austeridad prometida, refuerza la idea de que la casta no ha desaparecido, sino que simplemente ha cambiado de piel para habitar las oficinas más caras de Buenos Aires bajo la protección del discurso libertario.
Finalmente, el contraste entre la sede de Diagonal Norte y la realidad socioeconómica del país marca un punto de quiebre en la credibilidad del oficialismo. El «hacedor» del DNU 70/2023, que tanto énfasis puso en la necesidad de reducir el peso del Estado sobre los privados, hoy se sirve del mismo Estado para financiar una estructura burocrática de élite. Mientras el Gobierno nacional sigue pidiendo un esfuerzo extra a los trabajadores y jubilados, el contrato de 720 millones de pesos firmado por Sturzenegger funciona como una bofetada a la coherencia, confirmando que, para algunos funcionarios del círculo áulico de Milei, la motosierra es solo una herramienta de decoración política que nunca se aplica sobre sus propios escritorios.
