El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció ante la justicia federal a las ex cúpulas de Gendarmería y Prefectura por presuntas maniobras para liquidar irregularmente sueldos, informaron fuentes judiciales.
La denuncia apunta a un conjunto de maniobras que habrían realizado los jefes junto a estudios de abogados y jueces que tramitaron pedidos de amparo por sueldos mal liquidados, de modo que las escalas salariales quedaron sustancialmente alteradas y fuera del control del gobierno, que los debe presupuestar y liquidar.
En ese sentido, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmaron que la presentación fue elevada la mañana del martes ante los tribunales federales.
Durante la conferencia brindada en el Ministerio de Economía, Abal Medina y Lorenzino indicaron que la denuncia «alcanza a altos y medios mandos de las fuerzas» con la participación de estudios de abogados.
La presentación fue hecha por la Secretaría de Cooperación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, y recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Georgi, quien ya dio vistas al fiscal Guillermo Marijuan.
Entre las anomalías denunciadas figura la continuación del pago de los amparos aún luego de que los fallos fueron apelados y revocados por instancias judiciales superiores.
Las fuentes dijeron que la denuncia fue acompañada con una lista de 6 mil casos detectados durante auditoría realizada en las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad a raíz de la suba exponencial de los amparos registrados.
El jefe de Gabinete aseguró que «hubo un festival de prácticas judiciales con mandos de las fuerzas», ya «el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían los haberes judicializados».
«Tenían sus haberes judicializados» gracias a un «festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas», remarcó.
El jefe de los ministros destacó que «el descalabro que derivó se observa en que el 60% del personal cobraba un salario como producto de una demanda judicial», al brindar una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, acompañado por el ministro Hernán Lorenzino.
Tras una semana de iniciadas las protestas de efectivos de Gendarmería y Prefectura en Buenos Aires y otros puntos del país, el jefe de Gabinete de la Nación, Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, brindaron una conferencia de prensa para explicar «qué ha pasado con los anuncios hechos el miércoles pasado» y contar «cómo ha venido trabajando el Gobierno».
Al comenzar la conferencia, Abal Medina se concentró en repasar las inversiones y administración que han llevado adelante los distintos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en las fuerzas de seguridad desde el 2003.
«Un conjunto de inversiones que nos muestra un gobierno que ha valorizado claramente a ambas fuerzas», resumió el jefe de Gabinete.
Luego, el ministro señaló cómo se pagaron los haberes el último viernes (a algunos efectivos con pagos complementarios y a otros repitiendo la modalidad del mes anterior) y destacó que esos pagos no recibieron ninguna crítica.
«Después del análisis que realizamos el fin de semana, lamentablemente tenemos que anunciar que la información que tenemos es mucho peor y agrava la situación». «Los problemas no son sólo de esta última liquidación, sino que constatamos que las modalidades de pago que venían implementando presentaban gigantescas y enormes deficiencias que la hacían anárquicas, y creaban situaciones que son delincuenciales», advirtió.
«Los problemas tienen su origen en las políticas de ajuste de Menem y Cavallo», añadió.
«Vemos un descalabro generado por acciones judiciales», explicó el jefe de Gabinete. «Es una estructura sin lógica que privilegiaba a algunos», acusó, y remarcó que había un «festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas».
«Con la correcta implementación de este decreto, la inmensa mayoría de los agentes de ambas fuerzas van a ver mejorada su situación», aseguró Abal Medina, y prometió «aumentos salariales concretos».
No obstante, reconoció la dificultad del Gobierno en aplicar la medida, «dada la complejidad de aplicación en un contexto tan difícil como el que vimos».
«Queremos que todos reciban el haber que corresponde», explicó. «Los únicos que se van a ver perjudicados serán los que usufructuaron estas medidas cautelares», retrucó el funcionario.
El jefe de Gabinete no pudo evitar cometer un furcio hacia el final de su explicación, en un intento por reiterar sus dichos. «La inmensa mayoría de los agentes va a ver perjudi..», amagó el funcionario, que calló por un segundo. «Van a ver mejorada su situación», aclaró con rapidez.
Por su parte, Lorenzino también insistió con la idea de que «esta historia comienza en los noventa», en la que se agregaron los pagos suplementarios no-remunerativos.
«En la Prefectura Naval el 22 por ciento del sueldo de los efectivos está compuesto por ‘haberes en blanco’ y 78 por ciento de los haberes está ‘en negro'», indicó el ministro de Economía, y señaló que en el caso de la Gendarmería nacional la relación de porcentajes era 20-80. Sin embargo, aclaró que todos los agentes se encuentran registrados legalmente.
«Muchos estudios jurídicos con la participación de algunos juzgados han creado una industria del juicio dentro de las fuerzas y un ambiente de distorsión en el que si un efectivo estaba judicializado cobraba un sueldo, y si no lo estaba, cobraba un sueldo menor», acusó Lorenzino.
También apuntó que «el 63 por ciento del total de los juicios que se llevan en Prefectura naval se han tramitado en un único juzgado en Río Gallegos», a lo que Abal Medina amplió con datos de la jueza subrogante que lo tiene a cargo, y sus parentescos con un comodoro de la fuerza.
Entre los problemas de la «judicialización de los salarios», Lorenzino explicó que «se daba el perverso efecto de que en una organización jerárquica el que cumplía órdenes cobraba más que el que las daba».
Además, indicó que «las cautelares le robaban un gasto al Estado que en la proyección de 2012 asciende a 1.562 millones de pesos».
Al final de las dos presentaciones, los funcionarios se sometieron a una ronda de preguntas de los periodistas. Ante una de las consultas, Abal Medina reconoció que «es imposible pensar en un salario básico de 7.000 pesos» en la función pública.
