Desde el Poder Ejecutivo analizan vetar la ley. «Todo lo que vaya en contra de las cuentas públicas se va a vetar», había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En el Senado fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos (7 libertarios mas 1 del PRO) y cero abstenciones, en general. En particular, la oposición (PRO, UCR, PJ y provinciales) logró blindar todos los artículos sensibles y que ponen en jaque al Gobierno nacional con dos tercios.
Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
A su vez, dispone que la ANSES «garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09».
También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales «no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley».
Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizará, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto en Diputados.
Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el «déficit cero» que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.
El inició de su discusión en el hemiciclo se demoró varios minutos porque, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas, la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), se habría negado a ser la miembro informante del proyecto.
Por lo tanto, la presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau (CABA), uno de los firmantes del despacho dictamen de mayoría. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo, en su parecer, el Gobierno podría haber afrontado el costo.
«El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar mas por el Blanqueo. Incluso, el Presidente fue a un programa que había método inclusive para ganar plata blanqueando», argumentó Lousteau.
En esa línea, continuó: «Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años».
El senador de Unión por la Patria Fernando Salino (San Luis) siguió la senda de Lousteau: «Esto de enamorarnos de la baja de la inflación y creer que si la bajamos resolvimos todos los problemas de la humanidad. Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo».
Uno de los que bancó la parada del oficialismo fue el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, pero cargó con la oposición: «Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía».
Además, Abdala salió en defensa del programa económico de Milei y Caputo y cargó contra el Congreso por el retraso en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: «Falta mucho y somos conscientes. Tenemos mucha sensibilidad con la tercera edad. Si nos hubieran dado la Ley Bases antes, los jubilados estarían mejor».
A su turno, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio calificó al presidente Javier Milei como un «degenerado social» en respuesta a Milei: «Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Diputados que somos degenerados fiscales, es un degenerado social».
La atribución del Poder Ejecutivo de vetar la ley, de forma total o parcial tras su aprobación en el Congreso está latente. En este último caso, el presidente Milei puede proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo parcial de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.
En caso de que se apele al veto, el proyecto regresa al Poder Legislativo que, de tener intenciones, puede insistir en la sanción de la ley. Para esto, es necesario que ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su intencionalidad inicial. De esta forma la ley se promulgaría a pesar de la voluntad del mandatario.
De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.
Tras la sanción de la ley, el vocero presidencial anticipó a través de su cuenta de X los próximos pasos del jefe de Estado: “El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”.