Una serie de resoluciones que fueron anuladas por la secretaría de Agricultura. Se trata de la Resolución 26 de fecha 28 de abril de 2021 y de la Resolución N° 32 de fecha 9 de mayo de 2022, donde se establece el arbitraje del precio de la yerba mate, como facultad del Instituto Nacional de Yerba Mate.
De este modo, se ratifica la decisión de desregular todo el mercado yerbatero, incluida en el DNU firmado por el presidente anarco capitalista Javier Milei. Sin embargo, el sector productivo todavía tenía latente la posibilidad de recuperar al INYM y que pueda definir el precio de la hoja verde. Ahora, el nuevo secretario de Agricultura terminó de sepultar esas esperanzas de recuperar esa herramienta.
Desde que se desreguló el mercado, los precios de la materia prima se desplomaron y hoy, en lugar de los 505 pesos, que pedían los productores para iniciar la cosecha gruesa en abril, se paga entre 180 y 200 pesos, pero en hasta 90 días de plazo.
El Boletín Oficial tiene un listado de doce resoluciones de anteriores gestiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que fueron derogadas, entre las que aparece la facultad de arbitrar en la discusión del precio de la hoja verde de yerba mate.
En el listado de medidas sepultadas, buena parte son resoluciones destinadas a la pesca, el arbitraje del precio de la yerba mate, y la promoción de bioproductos.
En la Resolución 76/2024, firmada por el actual secretario Sergio Iraeta, se enumeran las medidas que quedan sin efecto, y a la vez se argumenta: “En atención a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes relacionados, esbozados en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, resulta necesario hacer las modificaciones pertinentes”.
En ese sentido, se estipula que “a la luz de la experiencia recogida, resulta necesario profundizar y unificar los cambios y las normativas a los efectos de poder lograr sencillez y razonabilidad del proceso, persiguiendo una mayor precisión sobre algunos aspectos que hacen a una mejor operatividad del sector, como asimismo la premura en la definición de cuestiones vinculadas con regímenes de información que han quedado sin operatividad; de forma que se eliminen trabas e impedimentos para proceder con mayor celeridad y eficiencia en los trámites”.