El titular de la Secretaría de Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas, Samuel López, explicó que “se trata de un arancelamiento o bien del recupero con las obras sociales y prepagas del servicio que estamos brindando. Hoy al paciente que llega le preguntamos si cuenta con cobertura social, aunque aclaramos que tienen la libertad de manifestarlo o no y es así que nos hemos encontrado que en un 25% de las atenciones realizadas en lo que va del primer semestre del año, poseen obra social”.
El Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones fue inaugurado el 22 de enero último con una demanda en ascenso que “nos lleva a seguir mejorando los diferentes mecanismos. Pretendemos fortalecer la articulación público-privada y darle un valor agregado a partir del acuerdo que hagamos con las obras sociales o prepagas, con el fin de crear un espacio de atención en su propia estructura. Tenemos experiencia, por ejemplo, con UOCRA, donde vemos la importancia de medidas preventivas en el ámbito laboral, pero no solamente como una exigencia al personal, sino también la posibilidad de generar en los espacios de las obras sociales, en las prepagas, un equipo para una atención temprana”, indicó.
Apuntó López que “en los casos donde las personas necesitan acceder a un tratamiento, nosotros a través de nuestros dispositivos en distintos puntos de la provincia le facilitamos la atención ambulatoria, residencial o e internación, dependiendo de lo que requiera cada caso, pero todo tiene un costo que hoy lo está afrontando íntegramente el Estado provincial”.
Detalló que “hay cuestiones como la atención médica, profesional, psicológica, social, prácticas como análisis clínicos, placas radiográficas, electrocardiograma, que suman y son necesarias porque nos ocupamos de la salud integral de la persona y no se puede dejar librado nada al azar”.
El funcionario manifestó que en la práctica, “de los casi ocho meses de trabajo que llevamos en el Centro Integral de Atención las estadísticas nos marcan que un 84% de los pacientes son personas con una fuerza laboral activa y que tienen entre 20 y 45 años de edad. Entonces, si es un estudiante universitario todavía tiene la cobertura social de sus padres o si ya están incluidos en el ámbito laboral en blanco, tienen obra social o prepaga. Así, lo que nosotros divisamos es que hay una oportunidad de acompañar y generar estrategias preventivas ya en el ámbito laboral para que no lleguen a buscar ayuda en una instancia avanzada de consumo”.
El secretario de Prevención de Adicciones comentó que obtuvieron similares datos del rango etario (20 – 45 años) en las consultas atendidas en Oberá, con el 81% en el Oasis de la Misericordia, dependiente de la Pastoral de Adicciones y del 95% en la localidad de Eldorado, con el Dispositivo Territorial Comunitario de la Sedronar.
Consideró López que “si las empresas dimensionan el problema de las adicciones, cuidarán a sus empleados, porque es altamente probable que si el consumo se torna problemático, esa persona empezará a llegar tarde al trabajo, a faltar, a presentar certificados de salud y naturalmente va a disminuir la productividad.
Por otro lado, el funcionario aclaró que en cada caso “los aranceles a percibir, que deberán afrontar las obras sociales o prepagas, serán los que sean establecidos por el Poder Ejecutivo a la fecha de efectuarse las prestaciones y las no previstas en el nomenclador serán aranceladas con valores que al efecto determinará el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, eso está claro”.