El pedido surgió tras un nuevo faltazo de Rubén González Glaría a una indagatoria (séptima vez que no se presentó). El acusado debía comparecer en dicha audiencia el pasado lunes, pero su defensa alegó que se encontraba con problemas de salud y presentó un escrito.
Según el Diario Primera Edición el fiscal general estaría internado en una clínica psiquiátrica de la provincia de Córdoba.
Fue así que todo esto derivó en que se haga un pedido de desafuero que ahora se elevó a la Procuración General de la Nación, que lo analizará. De hacer lugar a la solicitud que dio curso el juez José Luis Casals, el fiscal imputado podría perder su inmunidad e incluso ser detenido.
Tal como lo adelantó este Diario, los pedidos de indagatoria del fiscal Turano fueron remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre de 2021 y surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario en varios puntos.
Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y, presuntamente, obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
De acuerdo a las solicitudes de indagatoria de Turano, en el caso de la prosecretaria Bogado, cuando fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban llegaba a trabajar desencajada porque debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría”.
Otra denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier (diesel modelo 2016) a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años”.
Además, el fiscal Turano subrayó que González Glaría habría incurrido en “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “Pretendía pasar los gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Respecto a la imputación por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por “trata y explotación laboral” que involucró a una empresa del exgobernador misionero Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2, de Diego Stehr, pero la acusación sostiene que el fiscal general Glaría tomó la investigación y sobreseyó al exmandatario.
En el marco de las numerosas denuncias también figuran amenazas y “represalias administrativas” que tendrían como víctimas a quien lo denunció (Quiroz) y a un familiar suyo.
Tras el reciente y nuevo faltazo de González Glaría, quien ocupa el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia desde 1993, el fiscal impulsor de la investigación elevó al juzgado interviniente una solicitud para iniciar los trámites correspondientes para el desafuero del funcionario imputado. Fue así que el juez Casals aceptó los fundamentos y firmó la solicitud, la cual fue remitida a la Procuración General de la Nación.
El denunciante se ampara, entre otras cuestiones, en que el desafuero puede ser pedido en casos de que el legislador, funcionario o magistrado sujeto a investigación no concurriere a prestar a declaración indagatoria. Esto en clara maniobra para eludir un eventual procesamiento.