El ciclo lectivo 2025 para el Instituto Cristiano de la República Argentina, una escuela pública de gestión privada, administrada por la vapuleada Fundación Siembra, cierra de la peor manera: con la tragedia del fallecimiento de su abanderada, una auditoría a fondo del SPEPM y el avance del juicio de desalojo por falta de contrato de alquiler, iniciado en abril de 2023, sin voluntad de los ocupantes por resolver la seria irregularidad.
Por la muerte de Juanita Sirimarco, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) se encuentra desarrollando auditorías y supervisiones al Instituto Cristiano de la República Argentina (ICRA).
Luis Bogado, director ejecutivo del SPEPM sostuvo ante medios locales que “se están instrumentando las investigaciones judiciales y actuaciones administrativas correspondientes para determinar responsabilidades”. Señaló además que se convocó a las autoridades de la institución educativa para auditoría, supervisión y que se realizará una actualización administrativa sumarial.
Bogado explicó que están evaluando algunas situaciones: “La Secretaría del ICRA envía vía email el proyecto de viaje el 01/10 a las 12:08 (nota de docentes Karen Eliana Dos Santos y María Alejandra Brüning) con la leyenda “Autorizado viaje de egresados”. Fuera de término para toma de conocimiento”. Al día siguiente, el 2 de octubre, la comitiva emprende viaje a Villa Carlos Paz.
Bogado especificó que “el circuito se da fuera de término ante el SPEPM por lo que no cumple con lo establecido en Resolución N° 071/94”. Entre los puntos principales de esta resolución se establece que las salidas educativas por una jornada denominadas también “Excursiones Educativas” deben ser resueltas por el rectorado, sin necesidad de comunicación del SPEPM.
Los proyectos de “Viajes educativos”, una vez aprobados por las autoridades del establecimiento, deben ser comunicados al SPEPM. En este caso, “de acuerdo con la transcripción precedente, al SPEPM sólo se comunica la realización del viaje, no se le solicita autorización para concretarlo”, detalló el funcionario, ya que es aquí donde surge la contradicción y confusión porque los denominados “viaje de egresados”, no necesitan estar autorizados por el SPEPM ni están encuadrados dentro de los viajes a que hace referencia la resolución antes mencionada.
“Se están analizando cada una de las actuaciones para determinar algún tipo de actuación y estamos respondiendo a los requerimientos que nos está haciendo la Justicia», aclaró Bogado.
Dada la situación, y sobre este caso específico, las sanciones que podrían recaer a la institución son: apercibimiento, por nota, que será registrada en el legajo correspondiente al instituto; amonestación pública, con notificación a las autoridades representativas de la enseñanza privada; o bien suspensión hasta de un año, que se aplicará, previo sumario, en el curso lectivo siguiente al de aplicación de la sanción.
Si bien las autoridades de Siembra e ICRA se han desvinculado insólitamente del viaje, trasladando toda la responsabilidad a dos docentes acompañantes, el abogado de una de las docentes, Carlos Benítez, exhibió documentos que confirman que el viaje era de estudios en el marco de un proyecto educativo autorizado por el ICRA, con las firmas de la representante legal y de la directora.
Desde la Asociación Civil «Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga» expresaron su interés en que el SPEPM vaya a fondo con la auditoría y solicite a la Fundación Siembra documentos probatorios de la ocupación legal de los dos locales en los que desenvuelve su desocupación.
La inquietud de dicha asociación civil, que aloja a niñas que proceden de familias que están en la indigencia, es porque en diciembre de 2022 finalizaron los contratos de alquiler y los responsables de la Fundación Siembra se han negado sistemáticamente a dialogar sobre la necesidad de realizar nuevos acuerdos de locación. Ante la negativa cerrada y, en defensa de la patrimonio y los ingresos para cumplir con su misión altruista, es que la Asociación propietaria de los inmuebles inició el juicio de desalojo en abril de 2023.
Dicho juicio tomó otra velocidad, tras caer todos los recursos que interpuso el abogado sin matrícula Héctor Alejandro Jabornicky, y de ni avenirse a firmar los nuevos contratos, lamentablemente la escuela quedará sin poder desarrollar sus tareas para 2025 en las sedes de las calles Entre Ríos (la principal) y Catamarca (nivel inicial).
ICRA enfrenta un juicio de desalojo iniciado en abril de 2023, por la ocupación indebida de dos locales (uno, de la calle Entre Rios -sede principal de la escuela- y otro -donde funciona el nivel inicial- en calle Catamarca), ya que se encuentran sin contrato de alquiler desde el 31 de diciembre de 2022.
La situación fue denunciada oportunamente ante las autoridades educativas, como se puede leer en el siguiente artículo, que contiene pruebas documentales sobre el caso.
Educación / Misiones | Lanzan juicio de desalojo contra una escuela privada por falta de contrato de locación
