El Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) ocupa sin contrato dos inmuebles que pertenecen a la Asociación Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga de Posadas, ubicados Entre Ríos 2.452 y Catamarca 40, ambos en Posadas. Los contratos por los dos inmuebles con la Asociación Civil «Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga» vencieron el 31 de diciembre y no hubo manera de sentar a los responsables de la Fundación Siembra para negociar la desocupación de los locales o la rúbrica de nuevos contratos.

La institución propietaria inició en abril el juicio de desalojo con el fin de proteger el patrimonio y locar como corresponde sus inmuebles, pues constituyen una de las fuentes principales de ingreso para sostener el servicio que se brinda a un número variable de niñas (veinte promedio) no judicializadas que proceden de familias que están por debajo de la línea de pobreza y que allí residen de lunes a viernes con soporte alimentario, educativo, asistencia espiritual, provisión de prendas de vestir, uniformes y útiles escolares.

El contrato finalizó el 31 de diciembre con una cláusula específica que no renovaba la locación.

Ese compromiso formal se firmó dos años antes, como prórroga de un contrato anterior y los signatarios no objetaron la cláusula.

Para octubre de 2022 no se advertía movimiento alguno y se convocó a los inquilinos a dialogar sobre la cuestión y no acudieron a la cita en tres ocasiones.

La Comisión Directiva entendió que no seguirían ocupando los locales y comenzó a diseñar un proyecto de búsqueda de nuevos inquilinos.

Fue así, tras varios intentos fallidos de diálogo, que la Asociación Civil dueña de los inmuebles resolvió iniciar un juicio de desalojo a la institución educativa.

Como no desocupaban los locales, se les intimó por carta documento en febrero de 2023.

Dada la gravedad de la situación, pues involucra a un servicio educativo y ante la falta de respuestas, incluso a los reclamos más formales, la Asociación «Isabel Llamosas de Alvarenga» notificó a las autoridades educativas que había instruido a su cuerpo legal para que inicie el juicio de desalojo.

“No sabemos si el SPEPM se comunicó con el colegio o no, pero esa nota que presentamos quedó como un trámite más. Nosotros le anticipamos que íbamos a ir al juicio de desalojo si no se resolvía la situación. Como ellos subvencionan la institución, nos parecía prudente que supieran que una de sus escuelas públicas de gestión privada estaba en situación de inestabilidad. Así que lo único concreto es que iniciamos el juicio de desalojo”, dijo al diario Primera Edición, el presidente de la institución propietaria, Alejandro Miravet.

Ignacio Peña, asesor letrado de la Asociación Civil «Isabel Llamosas de Alvarenga» ha dicho en declaraciones radiales que «ellos hasta ahora lo único que han hecho son maniobras dilatorias, no reconociendo las notificaciones, incluso el oficio judicial de demanda.»

El letrado de la Fundación Siembra, una organización familiar, ha dicho en declaraciones radiales que el contrato ha sido prorrogado tácitamente, exponiendo un punto de vista unilateral que es un absurdo en sí mismo ya que una de las partes (el supuesto inquilino) establece las condiciones sin firmar ningún compromiso al respecto, ofreciendo una mirada «creativa» para interpretar el derecho civil y comercial.

Del mismo modo ha dicho el abogado Alejandro Jabornicky, dicho sea de paso un candidato libertario para las próximas elecciones, que la Fundación Siembra paga puntualmente los alquileres, aunque sin especificar cuánto es el monto ni sobre qué bases se fundamentan los valores, argumentando que se paga lo que se puede pagar en base a los recursos que se tiene.

Alejandro Miravet cree que Jabornicky maneja mala información o actúa de mala fe, pues ha dicho en declaraciones a Misiones On Line que la Asociación Civil «Isabel Llamosas de Alvarenga» pertenece a Rotary Club y que una nueva comisión directiva ha pretendido modificar las formas contractuales que se venían aplicando.

El Rotary Club (como dice Jabornicky) se distribuye en numerosas organizaciones (el abogado no dice cuál es) y ninguna de ellas es propietaria de los inmuebles, ni es parte de la Asociación Civil «Llamosas de Alvarenga». Introducir a otra institución en el conflicto sin que tenga nada que ver es sumamente grave, remarcó Miravet.

Respecto de la «nueva» conducción de la Asociación Civil, es bueno que sepa que lleva más de seis años en funciones y que firmó contratos de alquiler previos con la Fundación Siembra, de manera que el único nuevo en la relación parece ser el desinformado Jabornicky, remató Miravet.

Es llamativo que el abogado de una de las partes, claramente identificado con una ideología de respeto irrestricto de la propiedad privada y de la educación no estatal, asuma una defensa que solo puede ser sostenida con criterios novedosos, en los que el inquilino establece cuánto pagar de alquiler y sin contrato que regule la relación, bajo el pretexto de una «prorroga tácita», existente solamente en los textos jurídicos de la biblioteca de ese letrado y de la Fundación Siembra.

La instancia judicial iniciada en abril, que pudo haberse evitado -con las costas que ello supone- con solo acudir a los llamados a dialogar, sigue su curso y han sido notificadas todas las autoridades que tienen que ver en los procesos de subsidio estatal a la institución educativa hoy demandada.

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