El absurdo argumento de que nunca autorizaron el viaje de una semana desde Posadas a Córdoba, desplazando toda la responsabilidad en las docentes que acompañaron al grupo, revela una vez más la conducta recurrente de las autoridades de la Fundación Siembra, propietaria de la Escuela: maquillar la verdad, siempre a su favor. En esa condición se mantienen como okupas de las dos propiedades cuyos contratos de alquiler se niegan a firmar desde octubre de 2022, razón por la cual hay juicio de desalojo desde abril de 2023.
El caso Juanita
Milagros Juanita Sirimarco Díaz falleció a los trece años de edad, como consecuencia de una sepsis generalizada, tras el viaje de estudios a Córdoba. La niña llegó muy descompensada a Posadas y los esfuerzos por recuperarla fueron vanos, falleciendo a los pocos días en el Hospital Pediátrico e la capital provincial.
A partir de la tragedia, la madre de la niña, Claudia Díaz, encabeza una cruzada en busca de Justicia, ahora con el apoyo del estudio jurídico de Fernando Burlando y un equipo de abogados locales. Ella declaró el lunes de esta semana y las autoridades de la Fundación Siembra y el ICRA lo hicieron el miércoles.
En los Tribunales
Los directivos de la Fundación Siembra (una organización familiar propietaria de la escuela) y del ICRA atribuyen a dos docentes la responsabilidad del viaje. Medios locales consignan que la representante legal y la directora del nivel inicial intentaron desligarse de la organización del contingente que fue a Carlos Paz. Dijeron que dos maestras solicitaron la aprobación como viaje de estudio pero que el SPEPM no lo autorizó.
Elva Nora Benítez es la cabeza de la Fundación Siembra, en los papeles figura como la representante legal del ICRA, pero en la práctica, los padres y los docentes la consideran como la autoridad máxima de la escuela, si bien administrativa y pedagógicamente está registrada la joven Lourdes Natalia Cabral (31) como directora.
En su declaración ante la Juzgado de Instrucción 6, ambas se desligaron de la organización del viaje a las sierras cordobesas y apuntaron que el tour con el contingente de niños del establecimiento respondía a la iniciativa de dos docentes de séptimo grado, al que concurría Juanita. Benítez y Cabral se presentaron ante el juez Ricardo Walter Balor y el fiscal René Germán Casals para dar su versión o el conocimiento que tenían sobre la organización del viaje, lo que ocurrió durante el periplo y lo sucedido al finalizar.
Insólito: viajaron sin permiso
Las declarantes estuvieron de acuerdo en señalar que el viaje de séptimo grado fue organizado por dos docentes. Admitieron que se realizó una solicitud al Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones (SPEPM) para encuadrarlo como un viaje de estudio, «en el que iban a interiorizarse de los orígenes y consecuencias de los incendios forestales en los valles serranos que iban a visitar.»
Según las mujeres, el SPEPM no emitió autorización, por lo que las inasistencias a los niños iban a ser computadas.
Así, descaradamente, el ICRA busca desligarse de la responsabilidad del viaje y traslada semejante carga a las dos docentes que lo organizaron.
Al abundar en detalles, expresaron también que fue una de las maestras la que insistió con la concreción del viaje como estaba programado.
Benítez, que siempre tuvo la voz cantante en el evento judicial, fue enfática al trasladar responsabilidades: “La docente organizó el viaje y se responsabilizó”.
La docente involucrada tiene su declaración pendiente de su estado de salud, ya que solicitó licencia de seis meses por tratamiento oncológico.
Sobre el episodio que derivó en la muerte de la abanderada Juanita Sirimarco, nuevamente Benítez y Cabral se desentendieron del asunto, refugiándose en el desconocimiento sobre lo sucedido en el viaje de los 17 alumnos que también formaban parte del contingente que estaba de tour sin autorización de la escuela ni de autoridades provinciales .
Preparan denuncia penal
El penalista local Miguel Cassettai, que trabajará con el equipo de Fernando Burlando en la causa de la muerte de la adolescente tras regresar de su viaje de egresados, dijo que solicitaron acciones concretas contra la empresa Viaturex, responsable del servicio turístico. Cassettai se encuentra en la etapa de recolección de pruebas para presentar una denuncia penal.
“No podemos dar detalles de qué medios de prueba hemos solicitado para no entorpecer la investigación pero estamos trabajando a contrarreloj para hacer la denuncia y establecer las responsabilidades individuales y las que corresponden a organismos como la empresa Viaturex y a la institución escolar” ha dicho a medios locales Cassettai. al tiempo que aclaró “para poder hacer la denuncia tenemos que tener el grado de participación, para imputar en la causa tenemos que tener los grados de responsabilidad”.
Un letrado fuera de carrera
Como si no fueran pocos los problemas que acarrea ICRA, su abogado, el libertario Héctor Alejandro Jabornicky, especialista en recursos para demorar juicios, como el de desalojo con la institución (iniciado en abril de 2023), quedó al borde de una denuncia penal si sigue gestionando sin matrícula.Así lo hizo saber el El Colegio de Abogados de Misiones, a través de su presidente, Antonio López Forastier quien aseguró que se evalúan las medidas a tomar contra el Jabornicky, dado que “carece de matrícula profesional habilitante para ejercer la abogacía” en la provincia. Una de ellas podría ser una acción penal contra dicha persona ya que dicha matrícula fue cancelada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y ratificada posteriormente por el Superior Tribunal de Justicia.
Jabornicky acredita una larga serie de irregularidades desde hace más de 20 años, tal como lo ha difundido con sólida base documental el diario Primera Edición: Héctor Jabornicky, el polémico abogado que litiga con la matrícula cancelada por el STJ